En el marco de la conferencia de prensa del gabinete Legal y Administrativo del Gobierno del Estado de Oaxaca, las autoridades locales delinearon con precisión los avances, retos y medidas en torno a la venta irregular de plazas laborales y su impacto en el fondo de pensiones, uno de los problemas estructurales más arraigados en la administración pública.
Este esfuerzo, encabezado por el Gobernador Salomón Jara Cruz y respaldado por un equipo multidisciplinario, se presenta como una acción decisiva para transformar el rostro de la burocracia estatal.
El punto central de la conferencia fue la supresión de 1,344 plazas otorgadas de manera irregular en sexenios anteriores.
Estas plazas, calificadas como «un secreto de ultratumba», revelaron prácticas corruptas que beneficiaron a redes sindicales, funcionarios y familiares, perpetuando un ciclo de clientelismo.
Las autoridades explicaron que estas acciones, lejos de ser caprichosas, se sustentan en un marco jurídico que permite la revocación de bases laborales cuando no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil.
El consejero jurídico Giovanni Vásquez fue enfático al aclarar que la medida no vulnera derechos fundamentales y está amparada por los artículos 123 y 116 de la Constitución.
Además, subrayó que el procedimiento de supresión busca garantizar justicia y transparencia, mientras se exploran alternativas humanitarias para casos específicos, como trabajadores con discapacidades o con largos años de servicio.
Farid Acevedo López, secretario de Finanzas, expuso la gravedad del problema financiero asociado a estas irregularidades. El fondo de pensiones, diseñado para garantizar la seguridad económica de los jubilados, arrastra un déficit acumulado que alcanzó los 807 millones de pesos en 2024.
Este colapso financiero, según Acevedo, no fue producto de la administración actual, sino de años de mala gestión y desfalcos encubiertos.
La falta de aportaciones regulares y la asignación de pensiones a personas que no cotizaron adecuadamente agravaron la situación. En respuesta, el gobierno ha destinado recursos extraordinarios por más de 1,500 millones de pesos para rescatar el fondo y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Uno de los aspectos más destacables fue la apertura del gobierno al escrutinio público.
La secretaria de Honestidad, Leticia Elsa Reyes López, afirmó que se han presentado 58 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que marca un precedente en el combate a la impunidad. «El principio de máxima publicidad debe prevalecer», afirmó Vásquez, en referencia a la divulgación de información clave para la ciudadanía.
El gobierno también reconoció la existencia de redes de corrupción dentro de los sindicatos y llamó a las víctimas de estas prácticas a denunciar los hechos. En particular, se abordaron casos de «nepotismo sexual» y venta de plazas a través de intermediarios, situaciones que calificaron como «células delictivas» dentro de la administración.
En este contexto, la revisión de cada caso se perfila como una tarea titánica, pero necesaria.
Las mesas receptoras de documentación han atendido a más de mil personas afectadas, un esfuerzo que culminará en la elaboración de acuerdos finales entre el 26 y 27 de diciembre. Además, se reafirmó el compromiso del gobierno con los principios de justicia social, ofreciendo indemnizaciones o alternativas laborales a quienes realmente cumplan con los requisitos.
La cruzada del Gobierno de Oaxaca contra la corrupción laboral no solo busca sanear las finanzas públicas, sino también devolver la confianza ciudadana en las instituciones.
Este esfuerzo, aunque enfrentado a críticas y resistencias, representa un paso firme hacia un futuro más justo y transparente.
Como expresó el consejero jurídico: «Cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, siempre debemos optar por la justicia».