Los diputados locales de las dos últimas legislaturas, pervirtieron la figura de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al convertirla en un espacio para repartirse los órganos de gobierno del Congreso local, como si fuera un botín.
Primero la LXI y luego la LXII Legislatura, ambas en el gobierno de Gabino Cué, crearon la Jucopo para no permitirle al PRI encabezar durante 3 años la Gran Comisión del Congreso local.
Sin embargo, su creación orilló al Poder Ejecutivo a incrementar de 200 a más de 600 millones su presupuesto, por las exigencias tan altas que tuvieron las fracciones parlamentarias.
Repetir el mismo sistema de órganos de gobierno en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores sólo fueron electos para 2 años, sería de nuevo prolongar la parálisis legislativa.
Independientemente de quienes estén a cargo del nuevo órgano de gobierno, lo peor que podrían hacer es volver a repartir con intereses partidistas el control del Poder Legislativo.
La experiencia de las dos últimas legislaturas, con la Tesorería, la Auditoría, la Contraloría, Comunicación Social y las demás direcciones del Congreso, repartidas entre las fracciones parlamentarias sólo provocó la disputa por los ingresos.
A nadie le importaba su función. Todos buscaban allegarse de más recursos.
El retorno de la Gran Comisión, si bien es cierto tiene sus puntos a cuestionar, de alguna manera envía un mensaje a la sociedad, sobre todo a los representados de los nuevos diputados, que habrá orden y gobernabilidad.
Así, los diputados no tendrán que andar peleando recursos y tendrán la oportunidad de dedicarse a lo que les corresponde. A cumplir con su tarea: legislar.
Más allá de los errores de sus antecesores, los diputados que integrarán la nueva legislatura, están obligados a ofrecer resultados a la sociedad y a actualizar todo el marco legal que se requiera, no hay que olvidar que en ello estará su oportunidad, incluso, de volver a ser legisladores durante los próximos 3 años.
Bienvenida la Gran Comisión, pues ello también implica mayor responsabilidad y no se pulveriza, con un manto de impunidad, como ocurrió en las dos últimas legislaturas.