MISAEL SÁNCHEZ
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca presentó un diagnóstico detallado sobre la incidencia delictiva en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde se confirmó la necesidad de replantear la estrategia de seguridad mediante un modelo de intervención integral que combine acciones operativas y reconstrucción del tejido social.
Durante su exposición, el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció que la violencia es un síntoma de problemáticas estructurales más profundas, por lo que advirtió que los esfuerzos aislados no son suficientes si no se atienden las causas que generan el fenómeno delictivo en el municipio.
De acuerdo con datos oficiales, Juchitán ocupa el primer lugar estatal en homicidio doloso y extorsión, además de posiciones relevantes en delitos como narcomenudeo, robo a negocio, robo de vehículo, robo a casa habitación, desapariciones y lesiones dolosas. Asimismo, a nivel nacional, el municipio se ubica entre las cinco ciudades con mayor incidencia de homicidio doloso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El fiscal informó que, como parte de los esfuerzos realizados en el último año, se han logrado más de 140 detenciones derivadas de cateos, órdenes de aprehensión, investigaciones de inteligencia y operativos conjuntos. Estas acciones se han desarrollado principalmente a través de la operación interinstitucional denominada “Sable”, en la que participan fuerzas federales, estatales y municipales.
Rodríguez Alamilla explicó que el análisis territorial ha permitido identificar corredores y zonas prioritarias, especialmente en la zona sur del municipio, donde se concentra una mayor incidencia delictiva. Entre las áreas con mayor atención se encuentran la Segunda, Cuarta, Séptima y Octava Sección, así como la Primera Sección y la carretera hacia La Ventosa, incluida la agencia del mismo nombre.
La estrategia que se plantea contempla un proceso de diagnóstico profundo con participación comunitaria, seguido de acciones focalizadas como vigilancia fija y móvil, patrullaje estratégico, control de accesos y salidas, revisión de horarios críticos y fortalecimiento de redes vecinales. Estas medidas se acompañarán de intervenciones sociales orientadas a generar espacios comunitarios de paz.
Finalmente, el fiscal subrayó que el objetivo es construir una estrategia sostenible en el corto, mediano y largo plazo, basada en la corresponsabilidad social, la participación ciudadana y la articulación de todas las instituciones del Estado, para garantizar condiciones reales de seguridad y gobernabilidad en Juchitán.
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