Sandra Roldán
En un momento clave para la educación pública de Oaxaca, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, presentó un amplio y detallado balance de los acuerdos alcanzados con el magisterio democrático, como parte de la respuesta al pliego petitorio de la Sección 22 de la CNTE.
Lo hizo en el marco de la conferencia matutina del gobernador Salomón Jara, donde también subrayó el respeto irrestricto de la actual administración a los derechos laborales del magisterio.
“La Ley del ISSSTE de 2007 fue una herida abierta para el pueblo trabajador. Este gobierno ha escuchado y ha planteado soluciones reales, dentro de sus posibilidades financieras, sin comprometer la estabilidad del país”, dijo Montero con tono firme, al recordar que la reforma impulsada por el expresidente Felipe Calderón elevó la edad de jubilación, cambió el cálculo del salario de mínimo a UMA y rompió con el régimen solidario.
El director del IEEPO explicó que la respuesta al magisterio no se quedó en los discursos. Desde la Federación y el gobierno estatal se concretaron once puntos sustantivos para atender las demandas del gremio. Entre ellos, destacó la instalación inmediata de mesas tripartitas —SEP, gobierno estatal y Sección 22— para resolver temas administrativos, y la emisión de un acuerdo federal específico para Oaxaca que permita reconocer sus condiciones culturales y regionales diferenciadas.
Uno de los ejes centrales es la reactivación del padrón único de personal con nombramiento provisional desde 2014, lo que permitirá la regularización escalonada del personal y su incorporación a la nómina federal. Además, Montero confirmó la recategorización del personal administrativo con funciones docentes, respaldada por un acuerdo formal que dará certeza jurídica y presupuestal al proceso.
“Esto no es improvisación. Cada paso ha sido validado con la SEP y con Hacienda”, precisó, al explicar también la autorización de un fondo de hasta 800 millones de pesos para contratación, promociones y reubicaciones salariales, suma que se suma a los 700 millones ya autorizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Otro de los puntos más esperados por comunidades escolares fue la confirmación del programa de uniformes escolares gratuito, que se convertirá en una política permanente con respaldo federal, así como la instrucción presidencial para cubrir el pago de electricidad en escuelas públicas de nivel básico, particularmente en zonas de pobreza energética.
La regularización de la certificación en centros educativos irregulares, la ampliación del profesiograma y la instalación de una mesa permanente de seguimiento, también formaron parte del anuncio.
Sobre el tema más complejo, la posible derogación de la Ley del ISSSTE, Montero fue enfático: “El planteamiento está sobre la mesa, pero hacerlo de forma inmediata implicaría más de un billón 200 mil millones de pesos. Hay voluntad, pero también responsabilidad.”
El gobernador Salomón Jara respaldó cada uno de los puntos. “No es poca cosa lo que se ha logrado. No se trata solo de atender demandas, sino de corregir injusticias estructurales que vienen de décadas”, afirmó. Y aunque reconoció que la abrogación de la ley del ISSSTE es un reto de gran escala, insistió en que “iremos desmontando, paso a paso, los efectos del modelo neoliberal que tanto daño ha hecho”.
Jara concluyó asegurando que su gobierno continuará avanzando con la Sección 22, en un camino de diálogo permanente y de compromiso con la transformación educativa: “Nunca antes se había dado tanto respaldo real al magisterio de Oaxaca. Y esto apenas empieza.”