+ La elección de jueces por voto popular inicia una inédita transición democrática en el Poder Judicial.
+ En la voz de Edén Alejandro Aquino García se revela la pugna entre el derecho escrito y la justicia vivida.
En una nación forjada a golpe de constituciones y reformismos interrumpidos, México se asoma a una grieta en su historia jurídica. Por primera vez, los magistrados de ciertos órganos del Poder Judicial serán elegidos por el voto directo del pueblo. No por cúpulas, no por ternas palaciegas, no por arreglos discretos en cafés legislativos. Por voto. Por voluntad popular.
Desde la experiencia electoral más sofisticada hasta la última sentencia dictada en una sala laboral olvidada, la justicia ha vivido durante décadas una paradoja, estar escrita en piedra, pero lejana al ciudadano de a pie. Ahora, algo se mueve. Y no es una leve sacudida. Es un alud.
A quince días de la elección, el candidato Edén Alejandro Aquino García se presenta no como un político encubierto en toga, sino como un jurista en pie de guerra contra la disfunción sistémica.
Su voz, surgida de San Pedro Pochutla y formada entre expedientes y aulas, llega como el eco de una generación que ha visto demasiado. La manipulación de las normas, la frustración popular ante sentencias impuestas, la fragilidad del amparo ante el poder político.
Lo suyo no es el discurso vacío. Es doctrina en movimiento.
Egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con maestría en juicios orales y trayectoria en los más altos tribunales electorales —estatales y federales—, Aquino García no titubea al definir el parteaguas: “La elección es una oportunidad histórica para cambiar el sistema de justicia en México”. Y con esa afirmación —que a primera vista podría parecer lugar común— abre la puerta a una reinterpretación profunda del papel judicial en la democracia.
¿Puede un juez representar al pueblo? ¿Debe? En los sistemas de common law, el precedente dicta, pero también el juicio del jurado. En nuestro modelo, el juez constitucional es un centinela del texto supremo, pero durante demasiado tiempo ha vivido lejos de la calle. ¿Cómo se interpreta el derecho cuando se vive desde una silla de terciopelo, sin saber lo que cuesta un vaso de agua en una comunidad sin acceso al debido proceso?
Aquino responde con las heridas abiertas del sistema: “La gente siente que sólo cuando tienes dinero puedes ganar un juicio”. Esa sentencia, demoledora en su sencillez, no aparece en los códigos, pero resuena en cada audiencia aplazada, en cada defensor de oficio sobrecargado, en cada carpeta judicial archivada por consigna.
La propuesta de Aquino va más allá de la candidatura. Es una filosofía jurídica: aplicar los criterios progresivos del derecho electoral —donde los grupos vulnerables han encontrado resguardo mediante la interpretación pro persona y el control de convencionalidad— al resto del ordenamiento.
“Buscamos que esa nueva forma de interpretar la justicia llegue también a ramas como el derecho mercantil, penal o laboral”, afirma. Es decir, pasar de una justicia mecánica a una justicia empática. No como concesión, sino como deber constitucional.
¿Y cómo hacerlo? A través de una figura que aún causa escozor en sectores conservadores del foro: el juez electo por voto directo. Una figura que —como los tribunos romanos o los jueces de paz revolucionarios— debe responder no sólo al texto, sino al contexto. Al mandato popular, pero sin perder la toga de la legalidad.
Aunque esta transición comienza en tribunales federales, el eco llegará inevitablemente a los estados. Oaxaca no será la excepción. Y allí, donde la justicia convive con la desigualdad y las costumbres jurídicas indígenas, el reto será doble: armonizar lo normativo con lo consuetudinario, sin perder el alma de ninguno.
El mensaje de Aquino tiene resonancia: no propone revancha, sino integración. “Salgamos a votar y ejerzamos este nuevo poder que nos han otorgado”, pide, aludiendo al poder popular como nueva fuente de legitimidad judicial.
Este llamado no es menor. En un país donde la desconfianza en el aparato judicial supera el 70% según diversas encuestas, la democratización del acceso al cargo puede ser, paradójicamente, una forma de devolverle sacralidad a la justicia.
Como toda revolución, la judicial que se avecina no está exenta de peligros. El populismo judicial, la manipulación mediática, la tentación de juzgar para agradar al electorado y no a la Constitución. Pero también, como toda revolución verdadera, ofrece una promesa, que ningún derecho quede sin tutela, que ningún ciudadano se sienta huérfano frente al poder.
Un narrador de pasiones políticas y conspiraciones palaciegas, lo habría descrito como una partida de ajedrez entre leguleyos de salón y legistas de calle. Y habría acertado. Lo que está en juego no es sólo quién ocupará una silla en el tribunal. Es si esa silla hablará por los ciudadanos o por las élites.
Aquino García, con su número 18 en la boleta rosa, lo sabe. Por eso no se presenta como salvador, sino como operador de una maquinaria oxidada que necesita manos nuevas. No para destruirla, sino para hacerla funcionar.
El juicio, al fin, ha comenzado. Pero esta vez, el veredicto lo dictará el pueblo.