Columna Política…
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+ El Estado y el espacio público a ocupar
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Misael Sánchez
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Hay momentos en la vida política de un gobierno en los que los anuncios dejan de funcionar como una sucesión de asuntos administrativos y empiezan a revelar una arquitectura de poder. Eso parece estar ocurriendo en Oaxaca al cierre de agosto de 2026. Educación, seguridad, gobernabilidad, infraestructura, derechos, organización sindical, recuperación del espacio público y reforma constitucional aparecen como asuntos distintos, pero forman parte de una misma discusión sobre la naturaleza del Estado y sobre la manera en que el gobierno de Salomón Jara Cruz pretende ejercerlo.
La cuestión de fondo no consiste solamente en saber cuántas escuelas iniciaron actividades, cuántas calles fueron iluminadas, cuántas personas fueron detenidas o cuántas mesas de diálogo se instalaron. Lo relevante políticamente es observar qué concepción de gobierno comienza a desprenderse de ese conjunto de decisiones. La administración estatal está intentando pasar de una lógica en la que el conflicto determina la agenda pública a otra en la que las instituciones buscan anticiparlo, procesarlo, resolverlo y, cuando corresponde, hacer cumplir la ley.
Ese desplazamiento tiene consecuencias para la política oaxaqueña porque toca uno de los problemas históricos de la entidad: la relación entre sociedad organizada, poderes locales, gobiernos municipales, organizaciones sindicales, movimientos sociales y autoridad estatal. En Oaxaca, el espacio público nunca ha sido un territorio políticamente neutro. Las carreteras, las plazas, los palacios municipales, los accesos a las ciudades, los mercados y las instalaciones públicas han sido durante décadas escenarios de negociación, presión y disputa. Por eso cualquier intento de modificar esa relación implica necesariamente una redefinición del ejercicio del poder.
La administración de Salomón Jara parece estar colocando precisamente esa cuestión en el centro de su proyecto.
La señal más significativa está en la manera en que se vinculan gobernabilidad, seguridad pública y procuración de justicia. La tesis gubernamental es que ninguna de estas funciones puede operar aisladamente. La gobernabilidad permite procesar el conflicto; la seguridad proporciona las condiciones materiales para que los acuerdos sean respetados; y la procuración de justicia establece consecuencias cuando una conducta abandona el terreno de la diferencia política y entra en el ámbito del delito. El documento reporta más de 14 mil mesas de diálogo durante tres años, con 4 mil 723 en 2024, 5 mil 127 en 2025 y 3 mil 115 hasta agosto de 2026.
Más allá de la cifra, lo importante es la concepción política que contiene. Dialogar deja de ser entendido como una forma de administrar indefinidamente el conflicto y empieza a plantearse como un mecanismo institucional para evitar que éste se convierta en bloqueo, violencia o ruptura del orden público. La diferencia es sustancial.
En términos de teoría del Estado, se trata de recuperar una función elemental de la autoridad democrática. El Estado no existe únicamente para mediar entre intereses particulares. También tiene que producir reglas, garantizar derechos, hacer cumplir acuerdos y preservar las condiciones mínimas para que la vida social pueda desarrollarse. La propia argumentación presentada en el documento reconoce que la gobernabilidad exige que los municipios puedan ejercer sus responsabilidades, que las carreteras permanezcan abiertas, que las personas puedan trabajar y transitar y que ningún interés particular se imponga de manera permanente sobre los derechos de los demás.
Ahí aparece uno de los cambios políticos más relevantes que intenta imprimir el gobierno de Jara. La autoridad deja de ser presentada como una instancia que únicamente responde después de que el conflicto ocupa la calle. Se plantea, en cambio, una autoridad con capacidad de anticipación.
Eso es particularmente importante en Oaxaca porque la conflictividad social ha tenido históricamente una dimensión territorial. Un problema comunitario puede trasladarse a una carretera; una diferencia municipal puede terminar afectando una región completa; una disputa sindical puede interferir con servicios; una inconformidad política puede convertirse en presión sobre instalaciones públicas. La política de gobernabilidad que ahora se reivindica pretende intervenir antes de que esa cadena se produzca.
El punto adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la política de seguridad.
El gobierno estatal está tratando de instalar la idea de que la seguridad no debe medirse exclusivamente por la presencia policial, sino por la capacidad institucional para recuperar territorios, proteger actividades económicas, garantizar movilidad y evitar que organizaciones particulares establezcan reglas propias. Durante enero-agosto se reportan más de mil 400 detenciones, más de seis mil vehículos recuperados o asegurados, cerca de 200 armas retiradas de circulación y más de siete mil 100 dosis de droga aseguradas. También se reporta una disminución en 13 de 15 delitos de impacto durante el primer semestre, con siete de ellos reducidos en más de 40 por ciento.
La administración intenta convertir esos números en una narrativa de capacidad estatal. El mensaje político es claro: la seguridad ya no se plantea como un asunto periférico dentro de la agenda gubernamental, sino como una condición para que las demás políticas públicas puedan funcionar.
Hay aquí una discusión especialmente delicada para quienes estudian el poder local. El problema no es únicamente la existencia de grupos delictivos. El problema mayor aparece cuando actores no estatales comienzan a ejercer funciones que corresponden a las instituciones. Cobrar por trabajar, decidir quién puede circular, controlar actividades económicas, apropiarse de espacios o imponer reglas sobre comunidades constituye una sustitución progresiva de la autoridad pública.
La operación contra estructuras vinculadas, de acuerdo con la información presentada, con extorsión, cobro de piso, despojo, narcomenudeo y homicidio muestra precisamente esa preocupación. La investigación descrita involucró más de un mes de trabajo de inteligencia y derivó en 14 cateos simultáneos con la participación de más de 300 elementos. El expediente permanece abierto y se anticipan nuevas intervenciones.
La dimensión política del asunto es mayor que la propia operación policial.
El gobierno está delimitando una frontera entre organización social y poder de facto. Esa frontera es indispensable en cualquier democracia. El derecho de asociación, manifestación y protesta forma parte de la vida pública; la utilización de estructuras organizativas para cometer delitos pertenece a otra categoría. La dificultad está precisamente en garantizar que la persecución de conductas criminales no se convierta en persecución política y, al mismo tiempo, evitar que la legitimidad histórica de las organizaciones sociales sea utilizada como cobertura para actividades ilícitas.
La administración de Jara intenta resolver esa tensión reivindicando lo que denomina sindicalismo democrático. La posición expresada es significativa porque no plantea una confrontación con el sindicalismo como institución social. Por el contrario, busca recuperar su legitimidad histórica y separarla de prácticas de chantaje, extorsión o cobro de piso. La referencia a Ricardo Flores Magón sirve para inscribir esa discusión en una tradición política oaxaqueña vinculada con los derechos laborales, la justicia y la organización de los trabajadores.
La apuesta tiene una consecuencia política evidente. Si el gobierno de izquierda reivindica la defensa de los trabajadores, también necesita establecer con claridad qué entiende por representación legítima y cuáles son los límites jurídicos de las organizaciones. El planteamiento supone que la legitimidad de un sindicato no puede descansar exclusivamente en su capacidad de movilización. Debe descansar también en su capacidad para representar intereses colectivos dentro de la legalidad.
Es una discusión incómoda, pero necesaria.
Durante demasiado tiempo, en buena parte de la política mexicana, la capacidad de movilización ha sido confundida con capacidad de representación. No son equivalentes. Una organización puede movilizar miles de personas y, sin embargo, carecer de legitimidad para imponer sus intereses sobre una comunidad completa. Del mismo modo, una institución pública puede tener autoridad jurídica y carecer de legitimidad social si no escucha. El desafío consiste en construir un punto de equilibrio entre autoridad, representación y derechos.
En esa misma lógica aparece la política de recuperación del espacio público.
Los llamados Senderos Seguros constituyen una política aparentemente urbana, pero su significado es mucho más amplio. La administración comprometió mil calles y reporta haber alcanzado mil 34. La intervención incorpora iluminación, videovigilancia, botones de auxilio, presencia policial y recuperación de la imagen urbana. En las cuatro etapas se reportan dos mil 12 luminarias, mil 270 cámaras, tres mil 198 postes nuevos con luminarias, dos mil 485 fachadas intervenidas, 291 botones de auxilio y 383 puntos de monitoreo inteligente.
La política pública resulta interesante porque modifica la concepción tradicional de seguridad. No se limita a incrementar policías. Entiende que una calle deteriorada, oscura y sin vigilancia genera condiciones diferentes a una calle iluminada, monitoreada y transitada.
Es, en términos urbanos, una política de prevención situacional. En términos políticos, es una estrategia de recuperación de territorio.
El espacio público es también espacio de ciudadanía. Una calle por la que una mujer puede caminar de noche, una plaza que vuelve a ser utilizada por familias, un corredor urbano iluminado o un municipio capaz de mantener abiertas sus vías de comunicación representan algo más que infraestructura. Representan la presencia cotidiana del Estado en lugares donde antes podía existir abandono.
Por eso resulta relevante que la política se dirija especialmente a mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores. El objetivo no consiste únicamente en disminuir delitos, sino en modificar las condiciones bajo las cuales distintos sectores utilizan la ciudad. La recuperación urbana se convierte así en una política de derechos.
El mismo principio aparece en otra dimensión de la administración: la educación.
El ciclo escolar 2026-2027 comenzó en Oaxaca con 12 mil 40 escuelas distribuidas en las ocho regiones, 812 mil 900 estudiantes y 53 mil 419 docentes frente a grupo, con 185 días efectivos establecidos en el calendario escolar.
Las cifras permiten observar la magnitud territorial del sistema educativo oaxaqueño, pero políticamente importa otra cosa. El inicio del ciclo escolar representa una prueba cotidiana de capacidad institucional. La educación pública no se sostiene únicamente en los programas educativos. Necesita coordinación entre familias, comunidades, docentes, gobiernos y autoridades. Cada escuela abierta constituye una expresión concreta de normalidad administrativa.
Para un Estado con una historia de intensa conflictividad magisterial, esa normalidad tiene una dimensión política indiscutible.
El gobierno de Jara parece intentar que la política educativa deje de ser únicamente una negociación entre autoridades y organizaciones gremiales y vuelva a colocarse alrededor de su destinatario fundamental, el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación. Esa reorientación no elimina el conflicto sindical ni resuelve por sí misma los problemas estructurales del sistema educativo, pero sí modifica el centro de gravedad de la discusión.
Y entonces aparece el proyecto constitucional.
La propuesta de una nueva Constitución Política e Intercultural de Oaxaca, cuya presentación al Congreso estatal fue anunciada para el 3 de septiembre, constituye probablemente la pieza institucional de mayor alcance de todo este conjunto. El gobierno sostiene que el proyecto fue construido mediante encuentros regionales y mesas temáticas en las ocho regiones, con participación de más de 10 mil 600 oaxaqueñas y oaxaqueños, además de especialistas, asociaciones y barras de abogados.
Aquí el discurso de la transformación abandona el terreno administrativo y entra directamente en la estructura jurídica del Estado.
La interculturalidad no es presentada como una categoría decorativa, sino como principio rector. La intención política consiste en que la diversidad cultural y comunitaria de Oaxaca tenga traducción institucional. Esto plantea una cuestión fundamental para el futuro de los municipios y de las comunidades. Oaxaca no puede comprenderse exclusivamente desde la lógica homogénea de un Estado nacional organizado alrededor de instituciones idénticas para territorios distintos. La existencia de sistemas normativos indígenas, municipios con características diferenciadas, pueblos originarios y comunidades afromexicanas obliga a pensar la relación entre igualdad jurídica y diversidad cultural.
El reto será convertir esa intención política en arquitectura constitucional efectiva.
Una Constitución no transforma por sí misma la realidad. Puede establecer derechos, crear instituciones, reconocer sujetos colectivos y modificar competencias, pero después necesita presupuestos, reglamentos, tribunales, burocracias profesionales y capacidades municipales para hacerse realidad. El verdadero examen del proyecto comenzará cuando las normas tengan que operar en comunidades concretas, frente a conflictos concretos y con recursos concretos.
Ese será uno de los grandes desafíos para la segunda mitad de la administración de Salomón Jara.
Porque el gobierno está llegando a una etapa en la que el discurso de transformación necesita convertirse cada vez más en institucionalidad permanente.
En materia de infraestructura, la administración sitúa a Oaxaca dentro de una estrategia de desarrollo regional vinculada con grandes proyectos como la autopista Mitla-Tehuantepec, la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, los caminos artesanales, la modernización del puerto de Santa Cruz y el aeropuerto de Puerto Escondido. A ello suma 57 mil viviendas, 19 centros de educación y cuidado infantil, la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Matías Romero, planes de justicia para pueblos y diversas obras hospitalarias.
El elemento común es una idea de integración territorial.
Oaxaca ha padecido históricamente una paradoja administrativa. Es uno de los estados con mayor riqueza cultural y territorial del país, pero también con fuertes desigualdades de conectividad, servicios e infraestructura. La inversión pública adquiere entonces una función política adicional: conectar regiones que durante décadas fueron tratadas como periferias dentro del propio estado.
El discurso gubernamental sostiene que los pueblos originarios deben dejar de ser espectadores del desarrollo para convertirse en protagonistas. Esa formulación merece atención porque introduce una variable distinta en la relación entre infraestructura y territorio. La cuestión no consiste únicamente en construir carreteras, hospitales o universidades, sino en determinar quién decide sobre el desarrollo, quién recibe sus beneficios y qué lugar ocupan las comunidades en esa transformación.
La legitimidad de la obra pública dependerá, en buena medida, de esa respuesta.
En este punto, la política de Jara empieza a dibujar un modelo reconocible. Hay una apuesta por la inversión pública, por la coordinación con el gobierno federal, por la ampliación de derechos sociales, por la recuperación del espacio público, por la seguridad territorial y por una reforma institucional que coloque la interculturalidad dentro del orden constitucional.
El problema político será garantizar que todas esas piezas no funcionen como compartimentos separados.
La seguridad necesita gobernabilidad. La gobernabilidad necesita municipios funcionales. Los municipios necesitan recursos y capacidad institucional. La infraestructura necesita seguridad jurídica y territorial. La reforma constitucional necesita legitimidad social. La educación necesita estabilidad. El desarrollo económico necesita movilidad y seguridad. La política social necesita instituciones capaces de llegar a las comunidades.
Ese entramado explica por qué el gobierno ha decidido presentar seguridad, gobernabilidad y justicia como una sola estrategia. En el documento se sostiene que Oaxaca habría pasado del lugar 17 al octavo en el índice de paz y que se ubica como quinto estado más seguro del país, mientras se afirma que esa evolución deriva de la articulación entre gobernabilidad, seguridad y procuración de justicia.
Esas cifras deben ser observadas con rigor y no solamente como material de propaganda gubernamental. Todo indicador público requiere metodología, periodo de comparación y fuente verificable. Pero incluso antes de discutir los números, existe una cuestión política más profunda: el gobierno ha decidido hacer de la capacidad estatal una de las principales narrativas de su administración.
Eso representa un giro relevante.
La izquierda oaxaqueña ha tenido históricamente una relación compleja con el concepto de autoridad. Durante años, la defensa de movimientos sociales y organizaciones populares estuvo asociada con la crítica a los excesos del poder estatal. Ahora, desde un gobierno identificado con la Cuarta Transformación, aparece una reivindicación distinta: la autoridad también puede ser una herramienta de protección de derechos cuando está sometida a la ley.
Ese planteamiento obliga a revisar viejas categorías.
No toda protesta es legítima por el simple hecho de ser protesta. No todo gobierno es democrático por el simple hecho de ejercer autoridad. La democracia exige simultáneamente libertad de organización, derecho a la manifestación, debido proceso, igualdad ante la ley y capacidad institucional para impedir que un actor convierta su fuerza social, económica o territorial en privilegio permanente.
La frase que resume la orientación política de la administración es sencilla: nadie por encima de la ley. Pero su verdadera importancia no está en la contundencia retórica. Está en las consecuencias que tenga cuando se aplique sin excepciones.
Ahí se juega buena parte de la credibilidad del proyecto.
Porque la autoridad del Estado no se recupera únicamente con operativos. Se recupera cuando una persona puede denunciar sin miedo, cuando un comerciante puede trabajar sin pagar extorsión, cuando una carretera permanece abierta, cuando un municipio puede ejercer sus atribuciones, cuando una escuela funciona, cuando una mujer puede transitar con seguridad, cuando una comunidad puede defender sus derechos dentro de los cauces institucionales y cuando un conflicto político encuentra una solución antes de convertirse en violencia.
El verdadero poder del Estado se mide precisamente en esa cotidianeidad.
Por eso el cierre de agosto adquiere un significado político particular para el gobierno de Salomón Jara. Septiembre es presentado como el inicio de una nueva etapa de la administración, vinculada con seguridad, obras y transformación, pero también con la consolidación del proyecto político que busca hacer de Oaxaca uno de los territorios centrales de la nueva etapa nacional.
La administración llega así a un momento en el que tendrá que demostrar que la transformación puede convertirse en régimen institucional y no permanecer únicamente como identidad política.
La diferencia es fundamental.
Los gobiernos pasan. Las organizaciones cambian. Los partidos modifican sus equilibrios. Los liderazgos pierden influencia. Las coyunturas electorales terminan. Lo que permanece es la calidad de las instituciones.
Si la nueva Constitución consigue establecer un marco intercultural capaz de reconocer la diversidad sin fragmentar el Estado; si la estrategia de seguridad logra reducir delitos sin erosionar derechos; si la gobernabilidad consigue sustituir la presión permanente por mecanismos institucionales de negociación; si la política sindical recupera la representación legítima de los trabajadores; si la inversión pública produce desarrollo territorial y no solamente infraestructura; si la educación mantiene estabilidad y calidad; si el espacio público vuelve a ser utilizado por la ciudadanía, entonces la administración de Salomón Jara habrá producido algo más importante que una colección de programas.
Habrá modificado la relación entre sociedad y Estado.
Esa es, finalmente, la disputa política de fondo.
Oaxaca no necesita un Estado omnipresente. Necesita un Estado competente. No necesita una autoridad que intervenga en todo. Necesita una autoridad capaz de intervenir cuando corresponde. No necesita cancelar la organización social. Necesita garantizar que organizarse no sea una licencia para vulnerar derechos ajenos. No necesita sustituir el diálogo por la fuerza. Necesita que el diálogo tenga como respaldo instituciones capaces de hacer cumplir los acuerdos.
La administración de Salomón Jara está intentando construir precisamente ese equilibrio. El documento permite observar una idea recurrente: dialogar para resolver, intervenir para proteger, investigar para esclarecer, sancionar cuando exista responsabilidad y gobernar con una presencia territorial más constante. La propia estrategia de gobernabilidad reconoce que durante los primeros años de la administración se buscó procesar institucionalmente una parte creciente de los conflictos, reduciendo bloqueos y tomas de instalaciones, al tiempo que se reivindica la necesidad de ejercer autoridad.
El desafío consiste ahora en que esa autoridad sea previsible, imparcial y sostenible.
Porque un Estado fuerte no es aquel que puede imponer su voluntad con mayor facilidad. Es aquel cuyas reglas pueden ser conocidas, respetadas y defendidas incluso por quienes no comparten las decisiones del gobierno de turno.
En esa medida, el verdadero examen de la Primavera Oaxaqueña no estará en el volumen de los anuncios, ni en la cantidad de fotografías de obras terminadas, ni siquiera en el número de operativos realizados. Estará en algo mucho más difícil de construir y mucho más importante para cualquier democracia: que la sociedad pueda vivir, trabajar, organizarse, protestar, circular, estudiar y desarrollarse sabiendo que existe una autoridad pública capaz de proteger sus derechos y que la ley tiene consecuencias cuando alguien decide quebrarla.
Ese es el punto en el que una administración deja de hablar solamente de transformación y empieza a enfrentarse con la tarea mucho más exigente de construir Estado.
Y en Oaxaca, donde durante décadas el espacio público ha sido uno de los principales escenarios de la disputa política, recuperar la capacidad institucional para gobernarlo puede terminar siendo la transformación más profunda de todas.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx