En Oaxaca, donde los 570 municipios cargan sobre los hombros la responsabilidad de atender riesgos, emergencias y desastres, el Gobierno estatal volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda. Durante una conferencia reciente, el gobernador Salomón Jara y el titular de Protección Civil, Manuel Maza, describieron un escenario que no admite evasivas: la ley obliga a los ayuntamientos a destinar el 3% de su presupuesto anual para prevención y atención de riesgos, pero la mayoría no lo hace.
El gobernador fue directo. Recordó que cada municipio debe integrar su Consejo Municipal de Prevención y Riesgos, declararse en sesión permanente cuando sea necesario y cumplir con la asignación presupuestal. No es una recomendación. Es una obligación legal. Y, aun así, la realidad muestra que los municipios siguen sin cumplir.
Manuel Maza detalló lo que ocurre en el terreno. Explicó que la ley estatal exige ese 3% para fortalecer el atlas de riesgos, mejorar capacidades locales y atender emergencias. No hay sanciones administrativas para quienes incumplen, pero sí una consecuencia inmediata: los municipios que no destinan ese recurso no pueden participar en declaratorias nacionales de desastre, porque la federación exige evidencia de inversión preventiva.
El funcionario recordó que el Gobierno del Estado ha operado un seguro catastrófico durante dos años, reconocido incluso por la federación. Mientras tanto, muchos municipios aseguran no tener recursos, pero Protección Civil les demuestra dónde está ese dinero y cómo la Secretaría de Finanzas puede validarlo. En el Istmo, por ejemplo, los municipios reciben recursos extraordinarios provenientes de zonas eólicas. Ese dinero se regresa íntegro a los ayuntamientos, pero cuando se les pregunta en qué lo usaron, algunos responden con ligereza: “en drenaje”. Maza fue claro: ese recurso está destinado a protección civil, no a otros rubros.
El caso de Salina Cruz ilustra el problema. Un municipio considerado de alto riesgo por la presencia de una refinería debería tener el mejor equipamiento para emergencias químicas. En cambio, opera con seis u ocho personas, sin capacitación suficiente y con equipo mínimo. Cuando ocurre un incidente, quien responde es el Estado, apoyado por convenios con Petróleos Mexicanos.
Maza insistió en que los municipios deben asumir su papel. Primero, establecer su consejo. Después, invertir su recurso. De lo contrario, cuando llegan incendios forestales o emergencias mayores, la primera exigencia es que intervengan el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Conafor o la COESFO, mientras el municipio no tiene ni una pala.
El funcionario añadió un punto decisivo: el Fonden ya no existe. No hay fondo federal que entregue colchonetas, cobertores, despensas o láminas. “Ahora serán los propios municipios quienes tienen que atender sus emergencias”, dijo. El Estado puede apoyar, pero la responsabilidad primaria es municipal.
En cuanto a la jornada del 25 de enero, el gobernador Salomón Jara confirmó que ningún municipio se opone a la instalación de casillas. No hay desacuerdos registrados.
El mensaje final fue contundente. Oaxaca es el único estado del país donde la ley obliga a los municipios a destinar recursos para protección civil. Aun así, sólo Santa María Tonameca ha comprobado ese 3% mediante la donación de un terreno para un Centro Multitareas. El resto sigue sin informar cómo ejercerá ese presupuesto.
La advertencia quedó hecha. La prevención no es opcional. Y en un estado donde los riesgos naturales y tecnológicos conviven con la vida cotidiana, la omisión puede costar caro.