• Autoridades de la SSPC y del Poder Judicial fueron parte de un programa conmemorativo que incluyó conferencias y entrega de reconocimientos
Santa Lucía del Camino, Oax., 30 de enero de 2026.- La Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplió 10 años de labor en la protección de los derechos humanos y procesales de víctimas, así como, de personas imputadas de la entidad.
Ante representantes del Poder Judicial, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y del director de la Defensoría Pública del Estado, Marcelo Merino García; el titular de la SSPC, Iván García Álvarez asistió a este aniversario en que se impartieron conferencias y se entregaron reconocimientos a las personas que iniciaron las operaciones de la unidad y titulares de las delegaciones regionales.
En su oportunidad el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Roberto Claudio Castillo Ramírez reconoció el trabajo realizado por la Umeca a lo largo de una década: destacó la aportación de ese organismo en la aplicación y supervisión de medidas cautelares, con respeto a las garantías individuales de las personas y en beneficio de la seguridad pública.
Señaló la relevancia de la profesionalización continua del personal y afirmó que se mantendrá una coordinación permanente para fortalecer las capacidades institucionales y la correcta implementación de sus funciones en el estado.
Participaron el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Carlos Alán Rodríguez Alcalá, con la exposición “La importancia de la supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso”; así como el juez de Ejecución Penal, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Mariano Castillejos Sánchez, con el tema “Alcances de la supervisión de los beneficios preliberacionales y las consecuencias de su incumplimiento”.
Desde la Umeca, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña se encarga de evaluar riesgos y supervisar las medidas cautelares y obligaciones procesales impuestas por el Órgano Jurisdiccional a las personas imputadas, sin necesidad de que estas permanezcan en prisión preventiva, convirtiendo a esta unidad en una institución fundamental dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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