Sandra Luz Roldán
Autoridades estatales confirmaron el fallecimiento de una lactante de siete meses, tras ser recuperada junto a su hermana mayor en un operativo derivado de una denuncia por violencia familiar. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Secretaría de Salud ofrecieron detalles del caso, que ha generado indignación pública y exige respuestas institucionales.
La fiscal especializada en delitos contra la mujer por razón de género, Margarita Guzmán Corsi, informó que la carpeta de investigación se inició el 24 de abril de 2025, tras la denuncia de un ciudadano que presentó un video donde se observa a una niña de siete años siendo agredida por una mujer en Santa Catarina Loxicha.
La fiscalía, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, recuperó a dos menores: la niña agredida y una lactante de cuatro meses. Ambas fueron ingresadas al DIF estatal. Guzmán detalló que la menor fallecida presentaba desnutrición grado uno y que, tras su ingreso, se solicitó la ratificación judicial de la medida de protección.
“Estamos realizando diligencias con los familiares de la niña fallecida, incluyendo la necropsia de ley y la posibilidad de que intervenga un perito médico particular”, señaló Guzmán. La fiscalía mantiene abierta la investigación y no ha confirmado aún si existen personas indiciadas.
El secretario de Salud, Efrén Jarquín, explicó que la lactante fallecida tenía antecedentes de asfixia perinatal, cardiopatía congénita, hipertensión pulmonar, retraso psicomotor, síndrome dismórfico y neumonías de repetición. “La paciente ingresó tres veces al Hospital Civil desde su nacimiento. En el último ingreso, se le practicó una cirugía antirreflujo y una gastrostomía, pero no logró superar la insuficiencia respiratoria aguda”, detalló.
Jarquín atribuyó las complicaciones a un embarazo no planeado, sin control prenatal, y a antecedentes familiares de toxicomanías. “Es una mezcla de factores que contribuyen a malformaciones congénitas. El entorno de maltrato infantil también fue determinante”, afirmó.
Yarib Hernández García, procuradora estatal de protección de niñas, niños y adolescentes, confirmó que la recuperación de las menores se realizó el 27 de abril. La lactante ingresó sin registro oficial y fue diagnosticada con desnutrición y cardiopatía congénita. “Desde su ingreso, se le brindó atención médica constante, pero su salud no mejoró. Fue registrada oficialmente hasta el 7 de agosto”, indicó.
Respecto a la hermana mayor, Hernández señaló que continúa bajo resguardo del DIF estatal, con medida de protección ratificada por el juzgado. La procuraduría ha iniciado una intervención psicosocial en el municipio de origen y mantiene acompañamiento jurídico, médico y psicológico a la familia.
Además, la funcionaria destacó que el DIF estatal recibe en promedio siete menores al mes bajo medidas de protección, muchos con cuadros de omisión de cuidados, violencia física o psicológica. “Estamos trabajando en prevención con cursos de crianza positiva y atención a uniones forzadas en comunidades de sistemas normativos indígenas”, puntualizó.