Misael Sánchez
En un momento histórico donde la renovación política y social es una exigencia latente, el Estado de Oaxaca se encamina hacia la redacción de una nueva Constitución que responda a los desafíos actuales y garantice un marco legal a la altura de las necesidades de su pueblo.
Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, ha despertado un debate plural y participativo, en el que diversos sectores están llamados a contribuir a la edificación de un nuevo pacto social.
El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, destacó la importancia de este proceso en el marco del Encuentro Informativo y de Participación Social y Ciudadana, realizado el sábado en Juchitán.
A su juicio, la construcción de una nueva Constitución representa una oportunidad inédita para consolidar un modelo de gobierno pensado desde el pueblo, con y para el pueblo.
Montero Pérez subrayó que, si bien Oaxaca ha experimentado innumerables cambios desde la promulgación de su Constitución de 1922, persisten rezagos estructurales que requieren soluciones urgentes.
En este sentido, el planteamiento de una «Cuarta Constitución para la Cuarta Transformación» no es solo una declaración política, sino una apuesta concreta por la modernización del andamiaje legal del estado.
El Encuentro de Juchitán, encabezado por el presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, marcó un espacio de diálogo donde se manifestó el sentir de distintos sectores sociales.
En este foro también participaron el diputado Benjamín Viveros Montalvo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local; la diputada Francisca Antonio Santiago; y el doctor Raúl Ávila Ortiz, secretario técnico del Comité de Celebración de los Doscientos Años de la Constitución de 1825.
Este proceso de reforma constitucional, lejos de limitarse a un ejercicio legislativo, se perfila como un mecanismo de reconstrucción social donde las voces de comunidades, sectores productivos, académicos y ciudadanos en general deben converger.
La iniciativa del gobernador Jara Cruz se sustenta en una premisa fundamental: la construcción de un marco normativo debe ser incluyente, escuchando a quienes históricamente han sido marginados en la toma de decisiones.
A medida que los encuentros regionales continúan su marcha, el reto es consolidar una propuesta que refleje las aspiraciones de un Oaxaca que mira al futuro con esperanza.
Se trata, en esencia, de sentar las bases de un nuevo contrato social que no solo garantice derechos, sino que también establezca las condiciones para un desarrollo equitativo y sostenible.
Con esta iniciativa, Oaxaca se encuentra ante una encrucijada histórica: la posibilidad de redefinir su futuro a partir de una Constitución que, por primera vez en mucho tiempo, nazca del consenso popular y responda a las verdaderas necesidades de su gente.