Gerardo Gutiérrez Candiani. La voz del CCE.- Finalmente quedaron aprobadas la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el año 2016, que fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación.
Considerando las complejas condiciones del escenario económico a nivel nacional e internacional, que dejaban poco margen de maniobra para hacer cambios o ajustes mayores, se logran varias medidas favorables para incentivar la inversión, el crecimiento, el consumo interno, la generación de empleos formales y el ahorro.
Fue tomada en cuenta e incorporada al paquete fiscal una parte fundamental de las propuestas que promovimos desde el sector empresarial, como modificaciones emergentes al marco hacendario vigente, a falta de viabilidad para reformarlo a fondo en este momento.
Valoramos la receptividad que encontramos en las autoridades hacendarias y en las dos cámaras del Congreso de la Unión para nuestras inquietudes y propuestas, así como la sensibilidad sobre la necesidad de dar mayor holgura a empresas y familias en su capacidad de consumo e inversión.
El alcance de los ajustes logrados es significativo, con beneficios importantes para diversos sectores productivos, profesionistas y empleados, así como consumidores. Contribuye a forjar una mejoría en las expectativas económicas, aunque subsiste el gran reto de emprender una reforma hacendaria a fondo, para una coyuntura más favorable.
El sistema tributario en México tiene que ser más competitivo y apostar más a un incremento de la recaudación por la vía de una mayor actividad económica.
Hoy se ubica como el segundo factor que más afecta el desarrollo de los negocios, después de los relacionados con la legalidad, según las encuestas del Foro Económico Mundial.
El erario se sostiene fundamentalmente por una proporción de contribuyentes cautivos e ingresos por concepto de petróleo e impuestos a combustibles; no se aprovechan diversos mecanismos, como el potencial del impuesto predial; y la recaudación con respecto al PIB está en niveles bajos incluso en comparación con economías menos desarrolladas.
Por lo pronto, el paquete de ingresos 2016 es responsable y coherente con los retos que se presentan en el corto plazo, y mejora las condiciones para miles de contribuyentes, personas físicas y morales.
En materia de inversiones, regresa la deducción inmediata, aplicada en sectores estratégicos (energía e infraestructura de transporte) y para todas las empresas con ingresos de hasta 100 millones de pesos. Incluso se puede aplicar para las inversiones nuevas generadas a partir de septiembre del presente año, además de que se extenderá a todo el país, sin restricción de zonas.
Para efectos de acreditamiento de IVA se considera esta deducción como 100% deducible.
Esta fue una demanda fundamental del sector empresarial y una medida muy oportuna, en un escenario en el que se contraerá de forma significativa la inversión gubernamental.
En el mismo sentido, habrá un esquema atractivo y con certidumbre para la repatriación de capitales y se incorpora una medida orientada a la reinversión de utilidades al reducir el ISR aplicable al pago de dividendos.
Una parte importante de los recursos que se liberen por estas vías se canalizará a proyectos generadores de empleo y más actividad económica.
Hay avances como la eliminación de los límites globales para deducciones personales de personas físicas en temas vinculados con aportaciones al retiro y al ahorro, así como la reducción de las tasas de retención de ISR por intereses. Estas medidas serán un factor favorable para mejorar el poder adquisitivo y el capital de las personas.
También hay que destacar que se incrementa el tope global para el monto de deducción de ISR en personas físicas, que pasa de cuatro a cinco salarios mínimos o, como quedó finalmente de acuerdo con la enmienda de los senadores, el 15% de los ingresos, la cifra que sea menor.
Asimismo, se reduce el plazo para poder aplicar la exención en ventas de casa habitación de cinco a tres años, otro estímulo importante en la tarea de dinamizar el mercado interno.
Por otro lado, se aprueban medidas que impactan favorablemente a sectores estratégicos, como el aumento en el límite para la deducción de automóviles, que sube de 130 mil a 175 mil pesos, y el acreditamiento del IEPS por adquisición de diésel para la minería, muy importante para esta industria.
De último momento, se incorporaron ajustes relevantes, como la aceptación de que sean deducibles al 100%, sin aplicar el límite global, tanto las deducciones por incapacidad laboral como las de discapacidad.
Por supuesto, quedan pendientes importantes. Uno fundamental para el sector empresarial, que no se consideró, fue la solicitud de recuperar y llegar al 100% en la deducibilidad de las prestaciones sociales exentas.
Desde el año 2014 sólo es deducible el 47 o 53 por ciento; con ello, el costo laboral en muchas empresas ha crecido hasta un 8 por ciento.
Otros puntos que más adelante necesariamente deberán ser revisados, mientras persista el marco fiscal vigente, son actualizar las tarifas de retención del ISR a personas físicas, la disminución de la tasa de ISR a personas morales, al igual que mejorar la progresividad de las tasas.
Asimismo, permitir la deducción de aportaciones a fondos de pensiones, incrementar la deducibilidad en gasto de comidas en restaurantes, ajustes en el IEPS al carbono y bebidas saborizadas, medidas para facilitar la transición en el régimen de consolidación y restablecer la deducción al 100% de las erogaciones realizadas en periodos pre-operativos para el sector minero.
Una vez resuelta la parte de los ingresos, toca el turno al debate presupuestal. Hay un precedente alentador, por el esfuerzo que se hizo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la concepción «base cero». Se han empezado a romper tendencias inerciales de programas que no demostraban ser eficientes o justificados, los cuales fueron eliminados, reagrupados o fusionados.
Sin embargo, apenas es el comienzo, porque son muchas las obligaciones y partidas de gasto no susceptibles de modificación. Lo importante es que se afirme el compromiso de seguir adelante en este proceso, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo: que no quede como una medida aislada, sino que dé paso a una verdadera reingeniería del gasto público.
La Ley de Ingresos dará solvencia al estado mexicano en el 2016, si se aprueba un presupuesto igualmente responsable, pero no debemos olvidar que hay retos importantes que debemos ir resolviendo: de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal, el déficit baja, pero el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público aumenta a casi 48% del PIB.
La austeridad tiene que ser un imperativo para el sector gobierno en el 2016, y no en el discurso, sino en los hechos. Y se exige, en todos los niveles y poderes de gobierno, compromiso real con la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación y ejercicio del dinero de todos los mexicanos.