Cuando la gobernabilidad se pone en riesgo, sobre todo porque se polarizan las posiciones de algunos sectores del Estado y la Sociedad, como ocurre en Oaxaca con el tema educativo, es tiempo de replantear los términos del contrato social.
Aquí lo más grave es que la niñez oaxaqueña es la que se quedó como en un emparedado, atrapada entre los intereses del patrón y sus empleados, el gobierno y el magisterio, la SEP y la CNTE.
Por supuesto, junto con los miles de niños sin clases, también están los sectores productivos, sin ventas y con una economía colapsada, en la que no hay efectivo, el circulante está limitado y las inversiones se ahuyentan.
Los actores políticos tienen que valorar las acciones a realizar y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo.
Convocar a la ingobernabilidad en todo el país, como lo hace el magisterio, es ir a una confrontación de largo plazo, donde habrá que convencer a los maestros de 28 estados del país para echar abajo la reforma educativa.
Amagar con despedir a miles de maestros, porque lo dice la ley, tampoco es justo, porque el diálogo de sordos y las reformas sin consenso, metieron al patrón y a su burocracia en un berenjenal donde sólo la sociedad ha perdido.
Ya es tiempo de que todos asuman su responsabilidad. El gobierno y los maestros. El Estado y la CNTE.
Es aquí donde urge la intervención de los grandes conciliadores, con visión de Estado y capacidad de negociación, porque sólo si se actualiza nuestro contrato social estaremos en posibilidad de generar condiciones para ir a las elecciones en el 2018 y, lo más importante, iniciar a la brevedad el ciclo escolar y no profundizar las asimetrías entre nuestra niñez de Oaxaca y el resto de la República Mexicana.