Ahora que la informalidad laboral alcanza a casi 1 mil 400 millones de oaxaqueños, quienes enfrentarán el problema de las pensiones en las siguientes dos décadas, es necesario ponderar la importancia de tener en Oaxaca una política laboral que no desaliente, cuando menos, a los futuros buscadores de empleo.
Con un panorama adverso, con más de 2.5 millones de oaxaqueños en pobreza extrema y moderada, nos preparamos para iniciar una nueva administración pública estatal a partir del 1 de diciembre de 2016 y con ello, se renuevan las esperanzas de alcanzar mejores condiciones de vida y desarrollo para la comunidad.
El gran reto, sin embargo, es generar empleos para evitar la migración, pues ante la falta de políticas públicas que atiendan la demanda de los oaxaqueños, las opciones se reducen y miles de oaxaqueños terminan sobreviviendo en otras entidades o en Estados Unidos.
Si a ello sumamos la falta de capacidad de muchos oaxaqueños por insertarse al ámbito laboral en mejores condiciones de trabajo, sobre todo por la falta de educación, encontramos la justificación para tantos empleos con ingresos precarios que se han creado.
A estas alturas seríamos ingenuos de confiar en una política social como la ofertada por el gobierno federal desde 1988, con un liberalismo disfrazado de solidaridad o la que se nos prometió en Ixcatlán en 1995 o con el panismo durante dos sexenios.
Justo es reconocer que los compromisos de crecimiento económico y de resultados, por las reformas estructurales, en los últimos cuatro años, prácticamente ya no se harán realidad, sobre todo a la luz del concierto económico mundial, donde el reto es sobrevivir sólo de las economías que se generen en los mercados internos y ahora, prácticamente sin petróleo.
Aquí es donde los oaxaqueños debemos preocuparnos por el futuro, pues con marchas, bloqueos, plantones y acciones en contra de los sectores productivos, profundizamos la crisis, la pobreza, el subdesarrollo y la falta de crecimiento.
Las asimetrías van a marcarse aún más en los próximos años y el gobierno estatal debe aprovechar esa alineación de fuerzas políticas que se tenían previstas, para mejorar cuando menos en un porcentaje mínimo las condiciones de vida en Oaxaca.
Sólo con políticas públicas inteligentes, servidores públicos comprometidos con la comunidad y ninguna tolerancia a la corrupción, será posible poner a salvo a los oaxaqueños del desempleo y la migración.