Profundizar las desigualdades de Oaxaca con todas las entidades del país, ya no solo con los estados del Centro y el Norte de la República Mexicana, ha sido fácil en las últimas décadas porque la apuesta principal, de varios sectores, es mantener a cada generación, en las zonas rurales y urbanas, al margen de la calidad educativa.
Los gobiernos federal y estatal han hecho su parte, desde la SEP y el IEEPO, principalmente, al confabularse con algunas autoridades y docentes en un juego perverso de simulación y engaño en el que aprender a aprender es lo más alejado del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas.
Al sector privado, encabezado por organizaciones cúpula de patrones como la COPARMEX, la CANACO y CANACINTRA, principalmente, no les importa una formación humanista de los alumnos y que tengan herramientas para la vida, sino únicamente mano de obra calificada para la ejecución de proyectos de desarrollo económico en Oaxaca y el resto del país.
Al mismo tiempo la CNTE, con una estrategia de movilización-negociación-movilización, mantiene su oposición sistemática incluso a mandatos constitucionales, privilegiando la lucha sindical, que sin duda si se diera marcha atrás a la reforma educativa abanderarían cualquier causa para mantener su resistencia, mientras sus integrantes niegan ser parte de la burocracia estatal a pesar de sus elevados ingresos gubernamentales.
Por otra parte, un multimillonario organismo estatal como el IEEPO se encarga día a día de mantener la esperanza de los padres de familia, quienes azuzados por maestros y familiares vinculados al sector educativo, también se fraccionan y se dividen en una lucha estéril en la que sólo pierden los niños y las niñas en edad escolar.
Más allá están los intereses de los titulares de la SEP y la SEGOB, quienes un día sí y otro también repiten el discurso del gobierno federal y sostienen largas mesas de negociación con los dirigentes magisteriales, pero al final no resuelven el conflicto porque anteponen, a la estabilidad y gobernabilidad, proyectos políticos y de partido que hacen aún más profundas las asimetrías de Oaxaca con todos los estados de la República.
Por supuesto que la calidad de la educación está disminuida y ello también ha incrementado la apertura de escuelas privadas que compiten con las instituciones públicas pero ya no por la calidad, sino únicamente por el cumplimiento del calendario escolar.
El distanciamiento también se da en el sector económico, pues las empresas locales, en su mayoría pequeñas y medianas, carecen de estímulos para competir con quienes exigen programas de reactivación económica a pesar de que anualmente contratan pólizas de seguro que mantienen a salvo sus ganancias.
Son tan grandes las asimetrías que en Oaxaca tampoco se percibe una determinación del Estado para resolver el conflicto, mientras que organismos internacionales como la UNICEF, tampoco se preocupan por exigir que se respete el derecho a la educación de la niñez.
Al final, las desigualdades en el sector educativo benefician a un pequeño sector que privilegia la lucha sindical y a una clase política que hace cuentas alegres, pues los que se oponen a la reforma educativa son menos del 20 por ciento de los estados del país, lo cual es capitalizado políticamente, sin importarle a la federación que en Oaxaca persistan las desigualdades, la marginación y el subdesarrollo.