Misael Sánchez
El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, fortalece su estrategia de seguridad, gobernabilidad y recuperación del Estado de derecho mediante acciones coordinadas para contener estructuras delictivas, atender conflictos sociales y garantizar condiciones de paz para la población.
La administración estatal informó en la última conferencia matutina sobre una operación que permitió avanzar en la desarticulación de una estructura vinculada con actividades delictivas en distintas regiones de Oaxaca. Las acciones fueron resultado de más de un mes de trabajo de inteligencia, intercambio de información y definición de objetivos, con participación coordinada de instituciones estatales y federales.
La intervención contempló 14 órdenes de cateo ejecutadas de manera simultánea en municipios de los Valles Centrales, entre ellos San Pablo Etla, además de zonas de Oaxaca de Juárez. En el operativo participaron más de 300 elementos de grupos especializados y corporaciones de seguridad.
De acuerdo con la información presentada, las investigaciones permitieron establecer vínculos entre estructuras dedicadas inicialmente al control de actividades relacionadas con el transporte y posteriormente involucradas en delitos como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, despojo y homicidio. La presencia de estas estructuras fue identificada en más de 80 municipios de los Valles Centrales y posteriormente ampliada a otras zonas.
Entre los resultados de los cateos se localizaron armas de alto poder, fusiles, pistolas, chalecos balísticos, equipos de telefonía celular, básculas, libretas de contabilidad y documentación relacionada con actividades ilícitas. La investigación permanece abierta y existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
El Gobierno de Oaxaca estableció como criterio de actuación que cualquier organización, sindicato o asociación que incurra en conductas violentas o delictivas deberá responder ante las instituciones de justicia. La estrategia plantea una separación entre la actividad legítima de las organizaciones sociales y aquellas conductas que utilizan estructuras organizativas para cometer delitos.
Esta definición se relaciona con otro de los planteamientos centrales de la administración de Salomón Jara Cruz, que consiste en impulsar un sindicalismo democrático, legítimo y libre, vinculado con la defensa de los derechos laborales y con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
La posición gubernamental reivindica el origen social del movimiento obrero y señala que las organizaciones sindicales deben conservar su función de representación laboral. En este marco, se plantea que las estructuras sindicales no deben convertirse en mecanismos de presión ilegal, extorsión o afectación de derechos de terceros.
La estrategia de seguridad forma parte de una política más amplia de gobernabilidad. El Gobierno de Oaxaca reportó más de 14 mil mesas de diálogo durante los primeros tres años de administración, mediante las cuales se han atendido conflictos comunitarios, municipales, agrarios y sociales. El objetivo consiste en procesar las diferencias mediante mecanismos institucionales y evitar que los conflictos deriven en bloqueos, violencia o afectaciones a terceros.
La administración estatal sostiene que la gobernabilidad requiere garantizar el funcionamiento de los municipios, la apertura de las carreteras, la continuidad de los servicios públicos y el derecho de la población a trabajar y transitar.
En materia de seguridad urbana, el programa Senderos Seguros representa otra vertiente de esta política. El Gobierno de Oaxaca reporta mil 34 calles intervenidas mediante acciones de iluminación, videovigilancia, botones de auxilio, instalación de postes y recuperación de fachadas. Las intervenciones están orientadas particularmente a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.
La estrategia de seguridad también se vincula con la recuperación del espacio público, al considerar que calles iluminadas, vigiladas y transitables contribuyen a prevenir conductas delictivas y fortalecer la convivencia social.
En paralelo, Oaxaca inició el ciclo escolar 2026-2027 con 12 mil 40 escuelas, 812 mil 900 estudiantes y 53 mil 419 docentes frente a grupo en las ocho regiones del estado. El calendario contempla 185 días efectivos de actividades escolares.
Para el Gobierno de Oaxaca, la continuidad educativa forma parte de las condiciones necesarias para consolidar la transformación social. La operación del sistema educativo involucra una estructura territorial de gran magnitud y representa uno de los principales servicios públicos de la entidad.
Otro de los proyectos estratégicos corresponde a la nueva Constitución Política e Intercultural de Oaxaca. El proyecto fue construido mediante encuentros regionales y mesas temáticas realizadas en las ocho regiones, con participación de más de 10 mil 600 personas, además de especialistas, asociaciones y barras de abogados.
La propuesta busca incorporar la interculturalidad como principio rector del orden constitucional oaxaqueño y reconocer la diversidad social, cultural y comunitaria de la entidad. Su presentación ante el Congreso estatal está prevista para el 3 de septiembre.
El Gobierno de Oaxaca coloca esta reforma dentro de una visión de transformación institucional que pretende reconocer la realidad de los 570 municipios y fortalecer una relación de gobierno sustentada en la participación de las comunidades.
La agenda estatal también contempla obras de infraestructura, vivienda, salud y educación vinculadas con proyectos regionales y federales. Entre las acciones anunciadas se encuentran la construcción de 57 mil viviendas, 19 centros de educación y cuidado infantil, la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Matías Romero y distintas obras hospitalarias, además de proyectos carreteros y de modernización de infraestructura estratégica.
Con ello, la administración de Salomón Jara Cruz busca articular seguridad, gobernabilidad, educación, infraestructura y transformación institucional dentro de una estrategia de gobierno con presencia territorial.
El siguiente periodo será determinante para evaluar la capacidad del Gobierno de Oaxaca para consolidar estas políticas y convertir los avances operativos en instituciones permanentes. La seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo regional requieren continuidad, coordinación y capacidad para garantizar que las decisiones públicas tengan efectos concretos en municipios y comunidades.