Columna Política…
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+ Oaxaca ante el segundo tramo de la transformación
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Misael Sánchez
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Hay momentos en la política en los que el dato deja de ser una cifra administrativa y comienza a adquirir significado político. No ocurre porque una cantidad sea espectacular por sí misma, sino porque permite observar hacia dónde está orientado un gobierno, qué problemas considera prioritarios y, sobre todo, qué tipo de relación pretende construir con la sociedad.
En Oaxaca, el discurso y las acciones de la administración de Salomón Jara Cruz parecen encontrarse precisamente en ese punto, donde carreteras, hospitales, programas sociales, producción de maíz, seguridad, cultura y reforma constitucional dejan de ser asuntos aislados para formar parte de una misma concepción del Estado.
El lunes, Jara colocó sobre la mesa una interpretación de lo que ocurre actualmente en Oaxaca. No presentó los asuntos como compartimentos administrativos, sino como piezas de un proyecto político que busca modificar la relación entre gobierno, territorio y población. La clave de esa lectura está en una idea que atraviesa buena parte de su administración: el Estado debe abandonar la lógica exclusivamente burocrática y acercarse a las comunidades, particularmente a aquellas que durante décadas quedaron fuera de las prioridades centrales del poder público.
Ahí aparece uno de los asuntos políticamente más relevantes. Oaxaca se encuentra inmerso en un proceso de renovación constitucional que, de acuerdo con lo expuesto por el gobernador, pretende construir un nuevo pacto social a partir de la diversidad cultural y comunitaria del estado. La propuesta parte de una premisa políticamente significativa: una Constitución no solamente organiza poderes y establece competencias, también expresa una determinada concepción de la sociedad a la que pretende gobernar.
La referencia a la historia constitucional de Oaxaca adquiere, por ello, una dimensión que rebasa la efeméride. El estado tuvo una primera Constitución en 1825 y posteriormente otros ordenamientos, hasta llegar a la Constitución vigente. El planteamiento de una nueva arquitectura constitucional busca incorporar al texto fundamental una realidad que durante mucho tiempo existió en la práctica social pero no siempre encontró una correspondencia suficiente en las instituciones. El reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho, la incorporación de la justicia indígena y la pretensión de convertir determinados programas sociales estatales en derechos constitucionales forman parte de esa transformación.
La discusión, desde luego, no puede reducirse a la aprobación de artículos. El verdadero desafío de cualquier reforma constitucional consiste en determinar si las nuevas normas consiguen modificar la operación cotidiana del Estado. Una Constitución intercultural puede convertirse en una pieza de gran relevancia histórica si consigue traducir la diversidad oaxaqueña en instituciones eficaces, presupuestos verificables, procedimientos accesibles y derechos efectivamente exigibles. Si no ocurre así, corre el riesgo de convertirse en una declaración política más.
Por eso resulta importante observar la reforma constitucional junto con el resto de las acciones descritas por el gobierno de Jara. Hay una lógica común. La apuesta por el territorio aparece en la infraestructura; la dimensión social se expresa en los programas de bienestar; la perspectiva comunitaria se refleja en los caminos artesanales y en las políticas agrícolas; la universalización se plantea en el sistema de salud; la dimensión identitaria aparece en la cultura y las fiestas públicas; y la seguridad busca organizarse mediante coordinación institucional.
El dato social más contundente está en la dimensión de los programas de bienestar. De acuerdo con las cifras expuestas, en Oaxaca 1 millón 734 mil personas reciben algún programa de bienestar, con una aportación federal anual señalada en 36 mil 342 millones de pesos. Entre los beneficiarios se encuentran 517 mil 450 personas adultas mayores, 78 mil 924 familias con personas con discapacidad, 141 mil 963 jóvenes con la beca Benito Juárez, 230 mil pequeños productores incorporados a Producción para el Bienestar, además de beneficiarios de fertilizantes, leche, Jóvenes Construyendo el Futuro y la pensión Mujeres Bienestar.
Desde una perspectiva política, esas cifras son importantes por dos razones. La primera es presupuestaria. El bienestar ya no constituye una política marginal dentro de la estructura gubernamental, sino una de las principales formas mediante las cuales el Estado establece contacto directo con amplios sectores sociales. La segunda es electoral y territorial, aunque esa dimensión no necesariamente debe confundirse con propaganda. Cuando millones de personas reciben transferencias, pensiones, becas o apoyos productivos, cambia la relación material entre gobierno y sociedad.
Ese fenómeno explica buena parte de la transformación política mexicana de los últimos años. La administración pública ha dejado de ser percibida únicamente como la instancia que construye carreteras, cobra impuestos o presta servicios. También se ha convertido en un mecanismo de redistribución directa. En Oaxaca, por las condiciones de pobreza, dispersión territorial y desigualdad histórica, esa transformación tiene una incidencia particularmente profunda.
Pero el bienestar monetario no puede constituir por sí solo una política de desarrollo. Su eficacia política y social depende de que se articule con infraestructura, educación, salud, productividad y capacidad institucional. En ese punto aparece el segundo gran componente de la estrategia expuesta por Jara.
La infraestructura representa probablemente la expresión material más visible de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal. El Plan General Lázaro Cárdenas contempla una inversión superior a 5 mil millones de pesos, con intervención de carreteras y caminos, mientras que el conjunto de acciones anunciadas incorpora nuevas rutas, caminos artesanales, puentes y proyectos de agua y saneamiento. Se habló de 29 caminos adicionales para la Mixteca y de distintas intervenciones en municipios que durante años han padecido problemas de conectividad.
La relevancia política de una carretera en Oaxaca no puede medirse solamente en kilómetros. En un estado donde la geografía ha condicionado históricamente la prestación de servicios, la movilidad económica y la presencia institucional, una vía de comunicación representa también acceso. Acceso a un hospital, a una escuela, a un mercado, a una oficina pública, a una oportunidad laboral o a una cadena comercial.
El gobierno de Jara ha colocado además un énfasis particular en los caminos artesanales. La idea tiene una dimensión política interesante porque conecta la obra pública con las formas comunitarias de organización. No se trata únicamente de construir infraestructura desde una lógica centralizada, sino de incorporar a las comunidades en la transformación de su propio territorio. También se reportan intervenciones vinculadas con distintos pueblos y planes de justicia, con 61 caminos asociados a seis planes y otros 17 caminos fuera de esos esquemas.
La política territorial adquiere así una dimensión que merece atención. Oaxaca no puede gobernarse desde una concepción homogénea del territorio porque el territorio no es homogéneo. Las regiones tienen economías distintas, sistemas comunitarios diferentes, problemas de conectividad específicos y capacidades institucionales desiguales. Una política pública que pretenda ser eficaz necesita asumir esa diversidad como condición de gobierno y no como excepción administrativa.
El anuncio de rehabilitar, a partir de octubre, la ruta de Sola de Vega hacia Puerto Escondido refuerza esa lectura. La infraestructura carretera comienza a ser entendida como una política de integración territorial y no solamente como una colección de obras.
El tercer componente es quizá el que mayor capacidad tiene para modificar la vida cotidiana de las personas: la salud.
El complejo hospitalario Ñuu Tata aparece como una de las obras de mayor dimensión mencionadas. El proyecto contempla tres hospitales, una inversión estimada superior a 10 mil millones de pesos sin considerar equipamiento, una superficie de 52 hectáreas aportada por el Gobierno del Estado y una oferta de especialidades de alta complejidad. El planteamiento pretende que las instituciones de salud funcionen bajo una lógica universal, sin que la condición de derechohabiente determine el acceso a la atención.
La importancia política de esta propuesta es considerable. Durante décadas, uno de los problemas estructurales del sistema mexicano de salud fue precisamente su fragmentación. El ciudadano no siempre era atendido a partir de su condición humana, sino a partir de su adscripción institucional. IMSS, ISSSTE, servicios estatales y otros subsistemas construyeron fronteras administrativas que muchas veces resultaban incomprensibles para el usuario.
La universalización plantea otra lógica. El reto, sin embargo, estará en la operación. No basta con levantar edificios hospitalarios modernos. Será necesario garantizar personal, medicamentos, mantenimiento, equipamiento, coordinación, referencia de pacientes y capacidad financiera permanente. La infraestructura puede inaugurarse en una fecha determinada; un sistema de salud solamente puede considerarse exitoso cuando funciona todos los días.
Por eso resulta especialmente relevante que la administración de Jara vincule la construcción hospitalaria con una red de primer nivel. El proyecto contempla 1 mil 429 consultorios distribuidos en distintas instituciones, municipios, casas de salud, unidades de rehabilitación y dependencias gubernamentales, con la finalidad de ampliar la atención primaria y reducir los tiempos de espera.
La salud ofrece además uno de los indicadores más sensibles para evaluar un gobierno. Se reporta una reducción de 78.4 por ciento en la muerte materna respecto del punto de referencia señalado, así como una disminución en el número de fallecimientos y un cambio favorable en la posición nacional de Oaxaca. Se describieron medidas de detección temprana de riesgos durante el embarazo, actualización de insumos para emergencias obstétricas y seguimiento de las mujeres durante las primeras 72 horas posteriores al parto o cesárea.
Aquí aparece una cuestión política de fondo. Los gobiernos suelen evaluar su desempeño mediante kilómetros construidos, recursos ejercidos, programas anunciados o actos públicos realizados. Sin embargo, los indicadores más importantes de gobernanza son aquellos que permiten saber si una persona vive mejor, llega con mayor facilidad a un servicio, recibe atención oportunamente o sobrevive a una condición médica que antes podía terminar en tragedia.
La reducción de la muerte materna tiene precisamente esa característica. No es una cifra ornamental. Es un indicador que permite aproximarse a la capacidad real del Estado para prevenir, detectar y atender una emergencia. El propio gobierno estatal la define como un indicador de gobernanza.
Otro elemento de la política pública de Jara se encuentra en el campo. El programa El Maíz es la Raíz, originado en Oaxaca y posteriormente incorporado a una estrategia de alcance nacional, expresa una política que busca colocar la producción de maíz en el centro de la seguridad alimentaria. La cobertura reportada alcanza 120 municipios en zonas de mediano y alto potencial y 286 municipios de temporal, con especial atención a la conservación de maíces nativos.
La dimensión cultural de esa política agrícola es particularmente importante. Oaxaca concentra 35 de las 59 razas de maíz reconocidas en México, según los datos expuestos. Eso significa que la política agrícola no solamente está relacionada con toneladas producidas. También tiene que ver con patrimonio genético, alimentación, cultura comunitaria y soberanía alimentaria.
La administración estatal reportó que Oaxaca produjo 819 mil toneladas de maíz en 2025 frente a una demanda estimada de 800 mil toneladas. Al mismo tiempo, se plantea una transición hacia biofertilizantes, la conservación de semillas mediante bancos comunitarios y la construcción de un banco de germoplasma.
Ese modelo tiene una implicación que merece seguimiento. Si Oaxaca logra combinar productividad con conservación de semillas nativas, puede construir una política agrícola con identidad propia, menos dependiente de una visión puramente comercial de la producción. Pero esa posibilidad solamente podrá evaluarse con el tiempo, a partir de rendimientos, ingresos de productores, acceso a mercados y permanencia de las variedades nativas.
La pesca representa otro ejemplo de una política que busca atender sectores específicos desde una perspectiva productiva. El gobierno estatal anunció apoyo para pescadores ribereños mediante motores fuera de borda, con un esquema en el que el productor aporta 30 por ciento y el gobierno estatal 70 por ciento. En una primera etapa se contempla atender municipios de la Costa y una inversión superior a 20 millones de pesos. También se reportó el rescate de un centro acuícola que este año prevé producir 5 millones de alevines.
Lo interesante aquí es que la política productiva comienza a reconocer actividades que suelen quedar fuera de los grandes relatos económicos. Oaxaca tiene más de 500 kilómetros de litoral y una amplia superficie de lagunas costeras y cuerpos de agua. Si más de 80 por ciento de la pesca estatal corresponde a la actividad ribereña, entonces apoyar a ese sector no es una acción periférica. Es intervenir en una economía que sostiene a numerosas familias costeras.
El componente ambiental tampoco puede ignorarse. La tecnificación del riego y la preocupación por la disponibilidad futura del agua aparecen como parte de la estrategia agrícola. La advertencia es sencilla y políticamente relevante: el cambio climático modificará los ciclos productivos y obligará al Estado a pensar en infraestructura hídrica, eficiencia y adaptación.
En paralelo, la administración estatal ha decidido utilizar las fiestas patrias como un mecanismo de apropiación del espacio público. La feria mexicana, los juegos tradicionales, la gastronomía, los conciertos y las actividades culturales plantean una concepción de la política cultural que busca sacar la celebración de los recintos oficiales y llevarla a las calles.
Hay aquí una lectura política que conviene considerar. La identidad no se conserva únicamente en museos o discursos institucionales. También se reproduce mediante prácticas cotidianas. La gastronomía, los juegos tradicionales, la música popular, los espacios públicos y las celebraciones colectivas forman parte de una determinada idea de comunidad.
La programación cultural incorpora además conferencias sobre la Independencia, actividades universitarias, cine y presentaciones musicales, junto con espectáculos dirigidos a públicos distintos. El objetivo gubernamental, según el mismo gobierno estatal, consiste en que las tradiciones no solamente se recuerden, sino que se vivan. Esa formulación resume una política cultural que busca convertir la memoria en experiencia social.
Pero incluso la fiesta pública exige gobierno. La seguridad prevista para las celebraciones contempla 419 elementos, 62 cámaras, 88 vehículos y seis drones, además de coordinación entre instituciones estatales, federales y municipales. Se establecieron recorridos de vigilancia, puntos de prevención, control vial y medidas específicas para los accesos.
La dimensión política de este operativo es más amplia de lo que parece. Gobernar también consiste en garantizar que la población pueda ocupar el espacio público con seguridad. Una plaza llena durante una celebración nacional constituye una expresión de confianza colectiva solamente cuando existe capacidad institucional para ordenar flujos, prevenir riesgos y responder ante emergencias.
De esta manera, seguridad, cultura y gobierno municipal aparecen vinculados en una misma operación. La coordinación interinstitucional deja de ser una fórmula burocrática y se convierte en una condición para que una política pública funcione.
El conjunto de asuntos expuestos permite observar un rasgo central de la administración de Salomón Jara Cruz. Su proyecto busca legitimarse menos mediante una sola gran obra emblemática que mediante una acumulación de intervenciones territoriales. Carreteras, hospitales, caminos comunitarios, programas agrícolas, apoyos pesqueros, bienestar, reforma constitucional, cultura y seguridad constituyen una red de políticas que pretende abarcar diferentes dimensiones de la vida social.
Ahí se encuentra también el principal desafío político.
Una administración puede anunciar muchas obras y programas, pero la sociedad termina evaluándola por la capacidad para convertirlos en resultados permanentes. El verdadero examen de los caminos llegará con su conservación y utilidad; el de los hospitales, con la calidad de la atención; el de los programas agrícolas, con el ingreso de los productores; el de los apoyos pesqueros, con la productividad y seguridad de las familias; el de la reforma constitucional, con la eficacia de los derechos reconocidos; el de los programas sociales, con su capacidad para reducir vulnerabilidades; y el de la seguridad, con la confianza cotidiana de la población.
El gobierno de Jara parece encontrarse en una etapa en la que la narrativa de transformación comienza a necesitar una segunda capa de evaluación. Ya no basta con explicar qué se quiere hacer. Resulta indispensable demostrar qué cambió, dónde cambió, para quién cambió y cuánto tiempo puede sostenerse ese cambio.
Ese tránsito es políticamente importante porque modifica la relación entre gobierno y sociedad. La administración estatal necesita pasar progresivamente del argumento de la transformación al mecanismo de la comprobación. En una democracia madura, la legitimidad no depende solamente de la identificación política con un proyecto, sino de la capacidad para producir resultados verificables.
Oaxaca ofrece condiciones particularmente complejas para esa tarea. Su diversidad municipal, sus sistemas comunitarios, su geografía, la dispersión de sus localidades y las desigualdades históricas hacen que gobernar el estado sea una tarea de enorme dificultad institucional. Precisamente por eso, una política territorial exige continuidad, coordinación y conocimiento detallado de las comunidades.
En ese sentido, la insistencia de Jara en que el gobierno debe estar en el territorio y no solamente en los escritorios constituye algo más que una consigna administrativa. Es una definición de método político. Significa que las prioridades deben construirse a partir de la realidad concreta de las comunidades y que la planeación estatal debe mantener contacto con las necesidades locales.
El segundo tramo de la transformación en Oaxaca, por tanto, tendrá que medirse por su capacidad de convertir esa concepción en instituciones duraderas. La reforma constitucional será importante si consigue modificar la relación entre ciudadanía y Estado. Los caminos serán trascendentes si integran territorios. Los hospitales serán históricos si transforman el acceso a la salud. El maíz será estratégico si mejora la seguridad alimentaria y la economía campesina. Los programas sociales tendrán mayor alcance si se convierten en plataformas para superar vulnerabilidades. La cultura tendrá sentido político si fortalece la vida comunitaria sin reducirla a una escenografía oficial.
El proyecto de Salomón Jara se encuentra así frente a una etapa distinta de su propio desarrollo. La administración ha construido una narrativa de transformación asentada en territorio, bienestar, infraestructura, derechos sociales y coordinación con el gobierno federal. El siguiente paso consiste en consolidar esa narrativa mediante resultados capaces de resistir la revisión técnica, presupuestaria y política.
Ahí estará la verdadera disputa por la interpretación del gobierno.
Porque en Oaxaca la política no se decide solamente en los discursos de la capital, en las instituciones estatales o en las disputas entre partidos. También se decide en la comunidad que espera un camino, en la mujer que necesita atención médica, en el productor que busca conservar su semilla, en el pescador que requiere equipo para trabajar, en la familia que recibe una pensión, en el municipio que necesita agua y en la población que ocupa una plaza pública para celebrar.
El gobierno de Salomón Jara ha colocado esas realidades dentro de una misma arquitectura política. El reto consiste ahora en que esa arquitectura deje de ser únicamente un proyecto de administración y se convierta en una transformación institucional capaz de sobrevivir al calendario político.
Esa será, finalmente, la medida más exigente de cualquier gobierno. No cuánto consiguió anunciar, sino cuánto consiguió convertir en una condición permanente de la vida pública.
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Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx