Columna Política…
—
+ Donde el poder se encuentra con el pueblo
—
Misael Sánchez
—
Hay lugares que dejan de ser simples espacios físicos cuando la política los ocupa. El Auditorio Guelaguetza pertenece a esa categoría. Su arquitectura, su historia y la forma en que ha sido incorporado a la vida pública de Oaxaca hacen que cualquier acto político celebrado allí tenga una lectura que rebasa el protocolo. Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el gobernador Salomón Jara Cruz, volvió a colocar ese espacio en el centro de una operación política de alcance nacional, pero también permitió observar algo más profundo: la manera en que el poder contemporáneo intenta construir legitimidad mediante la apropiación de símbolos, territorios, discursos y formas de participación social.
La escena resulta significativa por su composición. La Presidenta llegó a Oaxaca como parte de una gira nacional de rendición de cuentas y el gobernador la recibió en un auditorio definido expresamente como espacio histórico de encuentro de las 16 culturas y de los pueblos afromexicanos. La elección del lugar no aparece, por tanto, como un dato accesorio. El propio discurso presidencial lo incorpora a la narración política, igual que el discurso del gobernador lo utiliza para presentar a Oaxaca como un territorio donde la comunidad, el tequio, la gozona, la asamblea y la participación popular forman parte de una tradición política propia.
Ese detalle permite leer el acontecimiento desde una perspectiva distinta a la del simple balance administrativo. La política necesita espacios para hacerse visible. El poder institucional requiere escenarios donde pueda ser reconocido, legitimado y explicado. En ese sentido, el Auditorio Guelaguetza funcionó como una suerte de plaza pública contemporánea, aunque organizada bajo una lógica institucional. Allí confluyeron el Estado nacional, el gobierno estatal, los programas federales, la agenda de infraestructura, la política social, la reivindicación de los pueblos originarios y una determinada concepción de la transformación política.
La Presidenta no acudió solamente a informar obras o cifras. Su intervención construyó una interpretación del país y colocó a Oaxaca dentro de esa interpretación. La entidad fue presentada como uno de los territorios donde, según el discurso presidencial, se encuentran las raíces culturales y políticas de la llamada Cuarta Transformación. Esa afirmación resulta central para entender el sentido político del acto. Oaxaca no aparece únicamente como beneficiaria de políticas públicas. Se le atribuye una condición de origen, de referencia histórica y de legitimación cultural del proyecto político nacional.
La operación discursiva es clara. El Humanismo Mexicano es presentado con dos grandes raíces, una vinculada con los pueblos indígenas y otra con la historia política de México. Y ambas encuentran en Oaxaca una referencia especialmente conveniente para el relato presidencial. Por un lado, están la comunidad, la ayuda mutua, el tequio y la vida colectiva. Por otro, Benito Juárez y la tradición liberal. De esta manera, el discurso establece una continuidad histórica entre las formas comunitarias de organización, la Reforma, la soberanía nacional y el proyecto político contemporáneo.
Ahí aparece uno de los elementos más interesantes del acto. La política contemporánea no solamente disputa presupuestos, posiciones administrativas o espacios electorales. También disputa la interpretación del pasado. Quien consigue instalar una lectura convincente de la historia obtiene una herramienta poderosa para explicar el presente y justificar el futuro. En el Auditorio Guelaguetza se desarrolló precisamente esa operación. Hidalgo, Morelos, Juárez, la Revolución Mexicana, López Obrador y la actual administración fueron incorporados a una misma secuencia histórica que pretende explicar la identidad política del gobierno.
Para un observador de las instituciones, esto tiene una importancia considerable. Los gobiernos necesitan algo más que resultados administrativos para sostener una relación duradera con la sociedad. Necesitan construir un lenguaje capaz de explicar por qué determinadas políticas existen, qué valores las justifican y cuál es el horizonte que pretenden alcanzar. La intervención presidencial procuró hacer exactamente eso al presentar los Programas de Bienestar como derechos, la política social como una expresión del humanismo y las obras públicas como instrumentos de transformación territorial.
Las cifras ofrecidas sobre Oaxaca tuvieron en ese contexto una función política precisa. Los 517 mil 450 adultos mayores incorporados a la pensión, las 78 mil 924 familias con personas con discapacidad, los jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para estudiantes de educación media superior, los productores beneficiarios de Producción para el Bienestar, los apoyos de fertilizantes y Sembrando Vida, entre otros datos, no fueron presentados como un inventario presupuestal aislado. Fueron utilizados para sostener una tesis sobre la relación entre Estado y sociedad.
La tesis es sencilla, aunque sus implicaciones políticas son amplias. El Estado debe hacer llegar recursos directamente a la población y convertir determinadas prestaciones en derechos. La discusión deja entonces de ubicarse exclusivamente en el terreno del gasto público y se desplaza hacia la definición misma de ciudadanía. El ciudadano deja de ser presentado solamente como contribuyente o elector y aparece también como titular de derechos sociales que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Ese cambio conceptual tiene consecuencias para la política municipal y estatal. Cuando los programas sociales se consolidan como parte visible de la relación cotidiana entre gobierno y población, las administraciones locales enfrentan una modificación de su propio papel. Ya no basta con administrar servicios o ejecutar obra pública. También deben comprender una nueva estructura de expectativas sociales en la que la población demanda resultados, derechos, atención directa y capacidad de respuesta institucional.
El caso de Oaxaca resulta especialmente relevante porque esa lógica federal fue colocada dentro de una narrativa comunitaria. El gobernador Salomón Jara insistió en que el pueblo manda, en que la organización comunitaria forma parte de la historia de la entidad y en que la participación popular se expresa en las asambleas, la votación a mano alzada y el recorrido casa por casa.
Desde una perspectiva política, esa afirmación merece atención. La comunalidad no es simplemente un recurso retórico cuando se observa desde la realidad municipal o comunitaria de Oaxaca. Es una forma de organización social que condiciona la relación entre autoridad y ciudadanía. La cuestión relevante para el Estado consiste en determinar hasta qué punto las instituciones contemporáneas pueden incorporar esa lógica sin reducirla a una decoración discursiva.
El propio gobernador vinculó esa discusión con el proceso de renovación constitucional de Oaxaca. El proyecto busca constituirse como una nueva Constitución intercultural, incorpora la Sala de Justicia Indígena a rango constitucional y propone convertir determinados programas sociales estatales en derechos constitucionales. El proyecto fue entregado al Congreso y corresponde al Poder Legislativo desarrollar el proceso de consulta.
Aquí se encuentra probablemente uno de los puntos políticamente más relevantes de todo el acto. Mientras el discurso presidencial colocó a Oaxaca como una de las fuentes culturales e históricas del Humanismo Mexicano, el discurso estatal intentó mostrar que esa identidad puede trasladarse al diseño institucional. El paso de la identidad cultural a la arquitectura constitucional es, sin duda, un proceso mucho más complejo que una declaración política.
Una Constitución no es solamente un documento que enumera aspiraciones. Es una estructura de distribución del poder, reconocimiento de derechos, establecimiento de obligaciones y delimitación de competencias. Por ello, la propuesta de una nueva carta constitucional adquiere una dimensión que excede el acto político del Auditorio Guelaguetza. Su verdadera prueba estará en la capacidad de traducir los principios de interculturalidad, participación comunitaria y reconocimiento de derechos en instituciones eficaces, procedimientos claros y mecanismos de control que puedan funcionar en la vida cotidiana de los municipios y comunidades.
El discurso presidencial ofreció otro elemento de interés para la observación política. La Presidenta anunció para Oaxaca mil 600 consultorios de atención primaria, con equipamiento, farmacia y una estructura comunitaria para su mantenimiento y operación, además de una convocatoria para incorporar a profesionales de la salud jubilados y un inicio de funcionamiento previsto para enero de 2027.
La relevancia de este anuncio no reside únicamente en el número. La propuesta revela una concepción determinada de la política pública. El Estado federal pretende recuperar espacios de atención primaria y, al mismo tiempo, involucrar a la comunidad mediante comités encargados de apoyar el funcionamiento de los consultorios. Es decir, el diseño combina centralización de recursos y participación local.
Esa combinación plantea una cuestión de gobernanza que será necesario observar. Cuando una política pública se despliega territorialmente mediante estructuras comunitarias, su eficacia depende de la coordinación entre Federación, estado, municipios y comunidades. La infraestructura puede construirse desde el ámbito federal, pero su funcionamiento cotidiano exige capacidades administrativas, personal, mantenimiento, medicamentos, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas.
El mismo razonamiento puede aplicarse a la infraestructura anunciada para Oaxaca. El Tren Interoceánico, la conservación de carreteras, los caminos artesanales, el aeropuerto de Puerto Escondido, la presa Mujer Solteca, las 57 mil 750 viviendas, los hospitales y la coquizadora de Salina Cruz fueron presentados como parte de una estrategia amplia de transformación de la entidad.
La lectura política de ese conjunto exige mirar más allá de la inauguración o del anuncio. Las grandes obras modifican territorios, generan nuevas centralidades económicas y administrativas y pueden transformar las relaciones entre municipios y regiones. El desafío consiste en que esa infraestructura produzca capacidades permanentes y no solamente momentos de alta visibilidad gubernamental.
En ese sentido, la política de infraestructura y la política social convergen en una misma pregunta. ¿Qué capacidad tiene el Estado para transformar efectivamente las condiciones territoriales que producen desigualdad, aislamiento y precariedad institucional? La respuesta no puede medirse únicamente por el número de obras o por el monto de los recursos destinados. Requiere observar su operación, su mantenimiento, sus efectos económicos y sociales y, especialmente, la capacidad de los gobiernos locales para incorporarlas a una estrategia territorial de largo plazo.
La seguridad también fue incorporada a esta narrativa. El gobernador afirmó que Oaxaca logró colocarse como la quinta entidad más segura del país y atribuyó ese resultado a la coordinación con la estrategia de seguridad del Gobierno de la República y al trabajo conjunto de las instituciones.
La afirmación tiene una función política evidente porque introduce un indicador de desempeño gubernamental dentro de un acto dedicado a la rendición de cuentas. La seguridad es uno de los terrenos donde la legitimidad institucional se somete con mayor intensidad a la percepción cotidiana de la población. Una cifra favorable puede fortalecer el discurso gubernamental, pero su verdadera dimensión política aparece cuando esa percepción estadística coincide con la experiencia de las familias, las comunidades, los municipios y las actividades económicas.
La rendición de cuentas, por eso, no puede limitarse al acto de informar. La información adquiere valor público cuando permite contrastar promesas, recursos y resultados. El formato utilizado por la Presidenta, recorriendo entidades federativas para presentar resultados, introduce precisamente una dimensión territorial de la rendición de cuentas. El gobierno federal sale de la capital y coloca su informe en espacios locales. La decisión tiene una lectura política importante porque busca aproximar el poder central a los territorios donde sus políticas producen efectos.
En Oaxaca, esa estrategia adquiere una particular densidad simbólica. El Auditorio Guelaguetza no fue presentado como un espacio neutral. El propio gobernador lo definió como lugar histórico de encuentro de las culturas de Oaxaca y de los pueblos afromexicanos. La Presidenta, a su vez, convirtió la identidad cultural oaxaqueña en parte de la explicación nacional de la Cuarta Transformación.
La política sabe perfectamente que los lugares hablan. Un auditorio puede ser una infraestructura pública, pero también puede convertirse en un escenario de representación. En él se escenifica una relación entre gobernantes y gobernados. Se ordenan los discursos, se seleccionan los símbolos, se administran los tiempos y se construye una imagen del vínculo entre Estado y sociedad.
Por eso resultan políticamente relevantes las respuestas colectivas registradas en la versión estenográfica. Los aplausos, las consignas y la participación del público acompañaron momentos específicos del discurso presidencial, especialmente cuando se habló de los adultos mayores, las becas, los programas sociales, el magisterio y la propuesta sobre la nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura.
No se trata simplemente de registrar entusiasmo. Para la ciencia política, las respuestas colectivas forman parte de la comunicación política. El público no permanece como receptor pasivo. La aprobación, el aplauso, la consigna y la respuesta colectiva constituyen mecanismos mediante los cuales se representa públicamente el respaldo político. En un acto masivo, esas expresiones adquieren además una función visual y narrativa que las instituciones políticas conocen y utilizan.
El momento final relacionado con la propuesta de que quienes aspiren a ser Presidentes de México o gobernadores tengan únicamente la nacionalidad mexicana muestra con claridad esa dimensión. Sheinbaum formuló la pregunta directamente al público y solicitó que quienes estuvieran de acuerdo levantaran la mano. La respuesta registrada fue presentada como unanimidad.
Ese episodio permite observar una modalidad de participación política característica de los actos públicos contemporáneos. La consulta no sustituye los procedimientos constitucionales ni legislativos, pero funciona como una forma de legitimación política inmediata. La autoridad plantea una cuestión y recibe una respuesta colectiva. El mecanismo produce una imagen de consenso que posteriormente puede incorporarse al relato político del gobierno.
La cuestión de fondo consiste en distinguir entre participación simbólica y participación institucional. Ambas tienen valor político, pero no cumplen la misma función. Levantar la mano en un auditorio expresa una posición colectiva en un momento determinado. Participar en un proceso legislativo, deliberativo o constitucional implica procedimientos, representación, discusión, consulta, revisión y decisión. El reto democrático está en que las formas de participación pública no sean utilizadas para sustituir las instituciones, sino para fortalecerlas.
En ese punto, el proceso de renovación constitucional de Oaxaca adquiere todavía mayor importancia. Si el nuevo pacto social pretende ser, como afirmó el gobernador, una carta de derechos escrita por su pueblo, la legitimidad del proceso dependerá de la calidad de la consulta, de la amplitud de la deliberación y de la capacidad del Congreso para procesar las distintas posiciones sociales.
La política contemporánea se enfrenta así a una paradoja institucional que conviene observar sin prejuicios. Mientras mayor sea la capacidad de los gobiernos para movilizar respaldo social alrededor de sus programas y símbolos, mayor será también la responsabilidad de convertir ese respaldo en instituciones duraderas. La popularidad puede impulsar una reforma; la institucionalidad es la que determina si esa reforma sobrevive a la coyuntura.
La presencia conjunta de Sheinbaum y Jara también mostró la importancia de la coordinación política entre Federación y estado. El gobernador dedicó buena parte de su intervención a enumerar proyectos federales y estatales y a reconocer la coordinación existente. La Presidenta, por su parte, afirmó que existe coordinación permanente con el gobierno de Oaxaca y expresó su disposición a continuar trabajando con la administración estatal.
Para Oaxaca, esa coordinación tiene una importancia administrativa evidente. Una entidad con una geografía compleja, una estructura municipal amplia y una diversidad cultural considerable requiere mecanismos de coordinación capaces de evitar la fragmentación de las políticas públicas. La obra federal que atraviesa municipios necesita gobiernos locales capaces de acompañarla. Los programas sociales requieren registros, infraestructura y capacidad operativa. Las políticas de salud necesitan personal y coordinación territorial. La seguridad exige intercambio institucional. La reforma constitucional requiere diálogo entre poderes.
En otras palabras, el verdadero problema de la gobernanza no es solamente quién anuncia una política, sino quién consigue hacerla funcionar cuando desaparecen los reflectores.
El acto del Auditorio Guelaguetza puede leerse entonces como una fotografía política de Oaxaca en septiembre de 2026. En ella aparecen un gobierno federal que busca consolidar su segundo año mediante resultados, un gobierno estatal que intenta vincular su proyecto con una renovación constitucional, una política social de gran escala, una agenda de infraestructura territorial, una narrativa de reconocimiento de los pueblos originarios y una relación política estrecha entre ambos niveles de gobierno.
Pero también aparece una cuestión más profunda. La transformación política que se reivindica desde el escenario necesita demostrar su capacidad para convertirse en transformación institucional.
Ese es el punto donde los discursos dejan de ser suficientes.
El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios puede modificar la relación entre Estado y comunidades si se acompaña de instituciones eficaces. Los programas sociales pueden consolidar derechos si cuentan con reglas transparentes, continuidad y mecanismos de evaluación. Los caminos artesanales, hospitales, viviendas, consultorios, carreteras y grandes proyectos pueden modificar las condiciones territoriales si funcionan y se mantienen. La coordinación política puede traducirse en gobernanza si produce resultados verificables y responsabilidades claramente delimitadas.
De otro modo, la política corre el riesgo de quedarse en el territorio de la representación.
El Auditorio Guelaguetza ofreció, precisamente por su carga histórica y cultural, un escenario excepcional para esa representación. Allí se encontraron el relato nacional de la Cuarta Transformación y la narrativa oaxaqueña de la comunalidad. Allí el Gobierno de la República presentó cifras de bienestar y proyectos de infraestructura, mientras el Gobierno de Oaxaca presentó la renovación constitucional como continuación de una tradición política local. Allí el pueblo fue invocado como origen de la legitimidad y también como destinatario de las políticas públicas.
La cuestión que queda abierta es mucho más exigente que la celebración de un acto político. Consiste en saber si esa convergencia entre Estado, comunidad y territorio puede producir instituciones capaces de sostener en el tiempo aquello que los discursos anuncian.
Porque una transformación política adquiere verdadera dimensión histórica cuando consigue modificar las reglas mediante las cuales una sociedad organiza su convivencia, distribuye sus recursos, reconoce sus derechos y controla a sus gobernantes. Todo lo demás pertenece al terreno de la coyuntura.
El 11 de septiembre, en el Auditorio Guelaguetza, el poder federal y el estatal ofrecieron una interpretación de Oaxaca y de México. El verdadero examen comenzará cuando las palabras tengan que convertirse en presupuestos, los presupuestos en instituciones, las instituciones en servicios y los servicios en resultados verificables para las comunidades y los municipios.
Ahí, lejos del escenario, comenzará la parte más difícil de la política.
—
Misael Sánchez / Periodista / Agencia Oaxaca Mx