La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsa una transformación profunda en los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del país mediante la modernización y digitalización de sus procesos. La dependencia informó que estas acciones buscan cerrar espacios a prácticas irregulares y fortalecer la certeza jurídica patrimonial, un componente clave para prevenir delitos como despojos, invasiones, fraudes inmobiliarios y alteraciones de documentos oficiales. La estrategia se consolida como una herramienta nacional para combatir la corrupción desde la gestión territorial.
De acuerdo con la información oficial, en 2025 se impulsaron 23 proyectos ejecutivos de modernización y actualmente se desarrollan 21 proyectos en instituciones registrales y catastrales. La sistematización de archivos, la digitalización de cartografía y la implementación de folios reales electrónicos permiten registrar cada movimiento en plataformas digitales, lo que evita la manipulación manual de libros históricos y facilita la identificación de consultas o modificaciones. Este proceso incrementa la transparencia y reduce riesgos para la población.
La Sedatu destacó que la modernización también mejora la eficiencia administrativa, agiliza trámites y disminuye conflictos entre propietarios al ofrecer mayor claridad sobre la situación jurídica de los bienes inmuebles. La dependencia señaló que los estados con mayor avance en materia catastral son Hidalgo, Nuevo León y Tabasco, mientras que en materia registral destacan Nuevo León, Yucatán y Campeche. Estas entidades representan ejemplos de implementación acelerada de sistemas digitales.
La estrategia se complementa con la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que trabaja en el equipamiento tecnológico de municipios con menor infraestructura y en la homologación de marcos normativos para facilitar el intercambio de información entre instituciones. La Sedatu afirmó que la modernización registral y catastral es un instrumento estratégico para fortalecer la planeación territorial y garantizar certeza jurídica a la ciudadanía.