El retorno de 63 familias a Guadalupe Victoria no es un final feliz. Es el inicio de una travesía larga, incierta y frágil. Así lo dejó claro Daniel MacGuire, oficial principal de Protección de ACNUR, al responder a la prensa en Oaxaca: el regreso de los desplazados no puede convertirse en una nueva forma de revictimización.
La agencia internacional, con presencia en más de 130 países, reconoció el modelo implementado por el gobierno de Salomón Jara como un caso inédito en México. Pero también advirtió: sin acompañamiento psicosocial, sin seguridad sostenida, sin acceso a derechos básicos, el retorno puede ser apenas un espejismo.
MacGuire fue directo. No hay fórmulas mágicas. El éxito se mide en derechos cumplidos, no en cifras. Y en Oaxaca, donde el desplazamiento forzado ha sido una práctica normalizada por décadas, el reto es monumental. La nueva ley estatal tipifica como delito tanto el desplazamiento arbitrario como la obstrucción del retorno. Pero la ley, por sí sola, no reconstruye casas ni sana heridas.
El gobierno estatal documenta 23 casos activos de desplazamiento. Algunos, como el de San Mateo del Mar, provocados por el avance del mar. Otros, como Tierra Blanca Copala o San Juan Mazatlán, por conflictos agrarios que siguen latentes. En todos, el tejido social está roto, y la memoria de la violencia sigue viva.
En Guadalupe Victoria, el Estado instaló un centro multiservicios y desplegó personal permanente. Pero ocho años de abandono no se borran con discursos. Ni con protocolos. Ni con buena voluntad. La comunidad arrastra más de 30 asesinatos, generaciones sin escuela, familias divididas por el miedo.
ACNUR no reparte elogios. Acompaña, observa, mide. Y en Oaxaca, por ahora, ha decidido quedarse. Porque el retorno, si no se sostiene, se convierte en trampa. Y porque la paz, si no se construye con justicia, no es más que una tregua.