Misael Sánchez
Oaxaca entra en un territorio inexplorado. Por primera vez en la historia del estado se activa, con todo el rigor de la ley, el mecanismo de la revocación de mandato. No es un ejercicio simbólico ni un gesto retórico. Es un procedimiento jurídico que abre la puerta para que el pueblo decida, de manera directa, si su Gobernador permanece en el cargo o entrega el bastón antes de tiempo.
El proceso no es improvisado. En la conferencia matutina de este lunes, el gobernador Salomón Jara y el consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, abordaron el tema, a petición de los representantes de los medios de comunicación.
El Congreso local ya cumplió la primera estación de este recorrido: aprobó la reforma que reduce plazos, fija fechas y clarifica los pasos jurídicos que antes permanecían envueltos en ambigüedad. La ley, ahora, obliga al órgano electoral local a emitir en los próximos días los formatos y lineamientos oficiales que permitirán a la ciudadanía comenzar a recabar firmas. Sin formatos, no hay firmas; sin firmas, no hay consulta. He aquí la precisión jurídica que da vida a la democracia directa.
El calendario marca una ruta inexorable: entre el 1 y el 10 de octubre deberán estar listos los documentos oficiales; luego, del 1 al 30 de noviembre, se abre el mes para recabar el respaldo ciudadano, con un requisito contundente: alcanzar al menos el 10% de la lista nominal, distribuido en la mitad más uno de los municipios del estado. No es poca cosa. Implica movilización, organización, capacidad de convocatoria. El derecho, traducido en números, se convierte en músculo político.
Superado ese umbral, el balón pasará a la cancha del órgano electoral. Habrá un plazo de 10 días para verificar las firmas, revisar credenciales, validar apoyos. No es un trámite mecánico: es el corazón jurídico del proceso. Aquí se juega la credibilidad del mecanismo. Si las firmas son auténticas, si se cumplen los requisitos, en un máximo de tres días se deberá emitir la convocatoria oficial a la consulta.
Luego vendrá la segunda etapa: la organización del proceso. La ley redujo de 90 a 30 días el periodo de preparación. Breve, intenso, un verdadero sprint electoral. Se instalarán casillas, se habilitarán mesas receptoras, se desplegará el aparato electoral con apoyo del INE en lo que corresponde: lista nominal, padrón, infraestructura básica. Es aquí donde surgen los presupuestos. El costo económico de la democracia directa no es menor; la discusión sobre los recursos que se destinarán a esta consulta será otro de los campos de batalla.
Finalmente, la jornada electoral. Una fecha aún por determinar, pero inevitable. Los ciudadanos de Oaxaca acudirán a las urnas con una pregunta precisa: ¿está de acuerdo en que se revoque el mandato por pérdida de confianza o en que continúe el titular del Ejecutivo hasta concluir su periodo? Una pregunta clara, con dos respuestas posibles. El derecho, convertido en palabra escrita, se transforma en decisión soberana.
Lo que ocurra después dependerá de los resultados. Si se cumple el umbral de participación y el pueblo decide revocar, el Congreso deberá declarar la vacante. Si la mayoría respalda la continuidad, el Gobernador terminará su mandato con la legitimidad reforzada. En ambos escenarios, el derecho no es adorno: es poder vinculante, es mandato popular convertido en norma.
La política y la historia se entrelazan. Oaxaca se convierte en laboratorio de la democracia participativa, en vitrina de un mecanismo que hasta hace unos años parecía una quimera. No es casual que llegue en este tiempo, cuando la narrativa del país coloca al pueblo como protagonista, cuando la voz ciudadana se instala como última palabra.
Al final, este proceso es un parteaguas. El derecho abandona los libros para caminar en la plaza pública. La ley, fría y técnica, se calienta con la pasión política. Y el pueblo de Oaxaca, por primera vez, tendrá en sus manos no solo el recuerdo de haber puesto a su Gobernador, sino el poder tangible de quitarlo.
La revocación de mandato no es un experimento. Es un juicio ciudadano. Un espejo en el que la política local se verá reflejada, sin máscaras, sin retóricas, con la verdad simple y dura de las urnas. Y ese espejo, como en toda buena historia, no perdona.