SANDRA ROLDÁN
El Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, explicó a fondo las razones legales, sociales y financieras detrás de la reciente decisión de suprimir 1,344 plazas sindicalizadas de trabajadores de base.
Y es que, la medida, que ha generado debate público, responde a un marco normativo establecido tanto en la Constitución como en leyes estatales, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la funcionalidad administrativa.
El Consejero Jurídico destacó en entrevista que la decisión se sustenta en el Artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el Artículo 116 del mismo texto, que otorga a los estados la facultad de configuración legislativa. Asimismo, el Artículo 39 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Oaxaca establece causales para la revocación de plazas, incluida la supresión a través del Congreso del Estado.
“Esta figura tiene mucho tiempo normada en el marco legal de Oaxaca. El Ejecutivo presentó a los diputados argumentos financieros y de fiscalización para justificar la medida, destacando la crisis del fondo de pensiones, que actualmente opera con un déficit de 900 millones de pesos”, detalló Vásquez Sagrero.
Los diputados analizaron el expediente, solicitaron la comparecencia del sindicato y, tras un proceso de evaluación, aprobaron la supresión de las plazas con efecto inmediato.
En cuanto a las críticas sobre la afectación a los trabajadores, Vásquez Sagrero aseguró que el gobierno ha establecido mesas de trabajo para la recepción de documentación y el análisis de casos específicos. “Estamos revisando cada caso para garantizar indemnizaciones justas y, en los casos de grupos vulnerables, buscar alternativas legales que permitan su reincorporación”, afirmó.
El funcionario enfatizó que las personas con discapacidad permanente o enfermedades graves tendrán un trato prioritario, siguiendo las instrucciones del Gobernador Salomón Jara Cruz. “Queremos brindarles certeza jurídica y tranquilidad ante esta situación”, añadió.
Respecto a las posibles irregularidades en la asignación de plazas durante el periodo 2016-2022, el Consejero Jurídico señaló que existen indicios de complicidad por parte de dirigentes sindicales y exfuncionarios públicos, quienes podrían haber otorgado plazas de manera ilegal.
“El Gobernador ha instruido la presentación de acciones jurídicas para evitar que esta situación se repita, incluyendo un posible decreto que prohíba la creación de nuevas plazas basificadas debido a la inviabilidad del fondo de pensiones”, informó.
Vásquez Sagrero subrayó que el fondo de pensiones enfrenta una crisis severa, requiriendo aportaciones extraordinarias que en 2028 podrían superar los 1,200 millones de pesos. Esto, advirtió, es insostenible bajo el esquema actual.
El Consejero Jurídico invitó a la ciudadanía y a los trabajadores afectados a denunciar cualquier irregularidad que haya ocurrido en la asignación de plazas. “Es nuestro deber investigar y sancionar a quienes hayan actuado fuera del marco legal. Pedimos a las personas que hagan valer su derecho y presenten las denuncias correspondientes”, concluyó.