En el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Honestidad de Oaxaca llevó a cabo una serie de auditorías que revelaron severas deficiencias y malversación de fondos en múltiples dependencias del estado. La titular de la dependencia, acompañada por el gobernador de Oaxaca, presentó los resultados de un proceso de fiscalización que ha expuesto irregularidades en proyectos e infraestructuras esenciales, además de implicar a numerosos funcionarios en prácticas administrativas cuestionables.
El análisis detallado de 20 auditorías en sectores críticos, como infraestructura, salud y administración, permitió observar un desvío fiscalizado de más de $3,000 millones de pesos.
Estos recursos, previamente intocables, quedaron bajo escrutinio tras la implementación de un nuevo sistema de control, inspirado en el Decreto 809 y dirigido a desarticular lo que la administración ha denominado «el cartel del despojo.»
Dicha iniciativa representa un esfuerzo sostenido para erradicar prácticas de desfalco mediante un enfoque de transparencia y fiscalización exhaustiva. Como ejemplo, algunos de los proyectos auditados incluyeron edificaciones simbólicas de Oaxaca como el Centro de Convenciones de Huatulco, el Teatro Álvaro Carrillo y la Casa Quetzal, donde se encontraron obras incompletas y defectos estructurales serios.
Un aspecto revelador de este ejercicio fue la detección de 1,210 millones de pesos en observaciones relacionadas con el destino de recursos que nunca cumplieron con su función pública.
En una muestra de la importancia del control interno y la verificación de los recursos, las auditorías revelaron filtraciones, infraestructuras mal diseñadas y equipos inoperantes, como en el caso de la Secretaría de Movilidad, donde se adquirieron dispositivos costosos que jamás se instalaron por falta de infraestructura adecuada.
Además, la Secretaría de Honestidad dio un paso más allá al impulsar procedimientos legales. Hoy, las auditorías han resultado en 158 audiencias administrativas, de las cuales 36 incluyen faltas graves que ya están siendo procesadas en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Este organismo, que hasta hace poco no recibía más que un mínimo de expedientes anuales, ha admitido 12 casos significativos con 24 funcionarios presuntamente implicados en irregularidades graves, incluyendo abusos de función y desacato. Asimismo, se han presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, abarcando distintos órganos del estado, como finanzas, notarías y servicios de salud.
La Secretaría de Honestidad enfrenta el reto de la reactivación de 2,500 expedientes rezagados, además de las nuevas investigaciones derivadas de estas auditorías. Bajo un enfoque exhaustivo, estos esfuerzos buscan restaurar la credibilidad y confianza ciudadana, demostrando el compromiso del estado por no solo identificar, sino también sancionar las irregularidades pasadas.
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