La Sección 22 del sindicato magisterial que encabeza la profesora Jenny Aracely Pérez Martínez refrendó este martes el compromiso de las y los maestros de Oaxaca con la educación pública y se deslindó de la ex dirigencia encabezada por Eloy López Hernández, Genaro Martínez y José Carlos López Alonso.
Acompañada de la comisión política del magisterio oaxaqueño, en conferencia de prensa, solicitó pruebas de los montos entregados a sus antecesores y exigió una auditoría.
Asimismo, anunció que habrá una jornada de lucha de 72 horas los días 7, 8 y 9 de junio y demandó la cancelación del traslado del nivel de educación indígena al INPI, el pago de 4,500 pesos a becarios, la contratación inmediata de normalistas y la construcción de una nueva ley estatal de educación.
Además, solicitó la cancelación de un fideicomiso firmado por la dirigencia anterior.
Entre los puntos dados a conocer destaca que la Sección 22 reafirma su compromiso con la educación pública y reconoce su importancia para el desarrollo de la sociedad.
Además, que se deslinda de la ex dirigencia y solicitaron pruebas de los montos entregados a la dirigencia anterior.
De esta manera, la Sección 22 solicita pruebas o evidencias que respalden los montos de recursos entregados a la ex dirigencia, para sancionar a los responsables y transparentar el manejo de los fondos sindicales.
Además, se informó que la dirigencia sindical dará seguimiento a los acuerdos tomados en el XII precongreso, particularmente en lo que respecta al nombramiento de una comisión de honor y justicia y una auditoría a la dirigencia anterior y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Enfatizó que el movimiento de la Sección 22 no cuenta con diputados locales y federales y que retomará las demandas de los maestros, al mismo tiempo que anunció una jornada de lucha de 72 horas los días 7, 8 y 9 de junio, lo cual implica movilizaciones y acciones de protesta para visibilizar y presionar por las demandas sindicales.
Reiteró que la Sección 22 iniciará la construcción de una nueva ley estatal de educación y mantiene la exigencia de que se reconozca su propuesta, además de solicitar la cancelación del fideicomiso firmado por la dirigencia anterior, posiblemente debido a preocupaciones sobre su uso o transparencia.
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